Esta nueva disposición, se suma al régimen de Responsabilidades ya previsto en las leyes sobre Tercerizaciones (18.099 y 18.251), que imponen a las empresas principales responsabilidad por las obligaciones laborales, por el pago de las contribuciones de seguridad social, e incluso por la prima de accidentes de trabajo y recuperos.

Con esta nueva norma se hace ahora, responsable solidariamente a la empresa principal del pago de las multas que le aplique el Ministerio del Interior (facultado por la Ley 16.170, art. 152) a las empresas de seguridad, vigilancia y afines por el incumplimiento a las normas que rigen dicha actividad. Tales incumplimientos pueden ser por ejemplo prestar servicios sin la autorización correspondiente, tener funcionarios o vehículos no habilitados, armas no autorizadas, incumplir el reglamento de custodia o transporte de valores, etc. Se trata de sanciones de carácter administrativo.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, habrá que sumar a los controles de los proveedores en general, los específicos de este giro, como por ejemplo la habilitación otorgada por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (RENAEMSE) que depende del Ministerio del Interior.

En virtud de ello, aconsejamos agregar una cláusula a los nuevos contratos con estas empresas (o una adenda contractual en los ya vigentes), que refiera al control de las habilitaciones y autorizaciones, así como la retención de los pagos en caso de constatarse irregularidades.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, siempre que se contraten servicios tercerizados, deberá tenerse en cuenta cumplir con los demás requisitos que la normativa determina al respecto.

Otras opciones

Con la aprobación de la Ley se reconoció la admisibilidad, la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos y de la firma electrónica, tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

La reglamentación establece los cometidos de los prestadores de servicios de certificación, quienes deberán emitir y revocar los certificados electrónicos para la validez de los documentos y firmas electrónicas.

Los interesados en prestar servicios de certificación electrónica, deberán solicitar autorización frente a la Unidad de Certificación Electrónica, presentando además de los datos identificatorios, certificado de buena conducta de la persona física o de los directores de las personas jurídicas en su caso, acreditación de solvencia económica, modelos de contratos a ser suscritos con los usuarios, informe de auditoría técnica legal, así como detalle de la plataforma tecnológica a utilizarse y los procedimientos de seguridad de los datos a implementar.

Una vez aprobada la admisibilidad de la inscripción, deberá constituirse un seguro de responsabilidad civil, o aval bancario, a modo de garantizar los servicios prestados.

Por su parte, podrá accederse a la base de datos que se encontrará a cargo de la UCE, a modo de verificar qué prestadores de servicios de certificación de firma y documentos electrónicos se encuentran habilitados.

Otras opciones

El Boleto de Reserva es, sin lugar a dudas, el instrumento jurídico más importante de toda la operación pues recoge los términos del negocio. Hemos visto muchos casos en que se firma el Boleto sin el asesoramiento notarial y jurídico y se generan importantes consecuencias.

Luego existen dos opciones para formalizar el negocio. Realizar directamente una Compraventa Definitiva cuando el Escribano interviniente aprueba la titulación y otros requisitos.

La segunda opción sería firmar una promesa de compraventa, abonando parte del precio y tomando posesión del inmueble, hasta que sea posible otorgar la compraventa definitiva.

Hay dos aspectos que son muy relevantes al comprar inmuebles, que son la regularidad y habilitación de los planos del inmueble ante la Intendencia del lugar, y que se hayan realizado los aportes correspondientes al BPS por la construcción y reformas en el mismo. Esto debe ser controlado en forma estricta y preverse formas de cobertura en caso de que estos dos aspectos no estén en regla.

En casos en que interviene un operador inmobiliario para hacer más efectiva la búsqueda del inmueble a adquirir, normalmente su comisión es del 3% más IVA.

Tanto el vendedor como el comprador deberán abonar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP): 2% del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro actualizado por el IPC.

El vendedor deberá abonar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF): se abona en los casos en que se produjo un incremento patrimonial por la venta. Debe existir una diferencia económica a favor del contribuyente entre el valor de adquisición del bien que se enajena y el precio de venta posterior. Si el título antecedente es posterior al 1º de julio de 2007, el vendedor deberá tributar por el criterio real, el cual implica que ese “incremento patrimonial” referido estará gravado por una tasa del 12%; y si es anterior a dicha fecha, podrá aplicarse el monto menor resultante de aplicar el criterio real o el criterio ficto. El criterio ficto es el 15% del precio de venta. A ese 15% se le aplica la tasa del 12%, lo cual sería lo mismo que decir que se abonaría el 1,8% del precio de la venta.

En nuestro país el comprador es quién designa al escribano actuante para asistirlo en la compra. Normalmente recomendamos al vendedor de un inmueble también contar con asesoramiento notarial para proteger sus intereses.

Otras opciones

El problema en estos casos es que cuando comienzan las diferencias, se deben adoptar decisiones, y al haberse fracturado la relación personal y societaria, la sociedad queda “congelada” (lo que los americanos llaman “deadlock”).

Situación más compleja todavía es cuando esos dos socios por partes iguales, son nada menos que esposo y esposa o peor aún, concubino y concubina. Producida la ruptura sentimental, hay que agregar la resolución del conflicto en el seno de la sociedad, que puede ser la fuente de ingresos familiares.

Cuando nos consultan en forma previa a instrumentar la sociedad, lo primero que hacemos es buscar la forma de desestimular la participación 50-50. Por ejemplo, es posible establecer una participación 51-49, pero distribuir las utilidades 50-50. Quién tiene el 51% podría tomar las decisiones del día a día, pero para las decisiones de mayor importancia se define que sea necesario el voto de ambos socios.

Un aspecto clave en estos casos, es quién administra y representa la sociedad, dado que va a poder actuar por la misma y obligarla. Si la administración y representación es conjunta entre los dos socios, puede también quedar “congelado” el funcionamiento diario de la sociedad.

Si necesariamente deben ser socios 50-50, sugerimos una serie de mecanismos para incluir en el contrato de sociedad para procurar evitar un conflicto: formas alternativas de desempate mediante terceros, opciones de compra o venta si no se destraba el empate, posibilidad de disolución de la sociedad, determinación del método de fijación de precio de venta o compra, etc.

A modo de resumen: se debe tratar de evitar las sociedades 50-50, y en caso de que no sea posible, prever mecanismos de resolución de conflictos en el contrato de sociedad para evitar el “congelamiento” de la sociedad y la relación entre los socios.

Otras opciones

Viernes, 24 de febrero de 2012

Que la persona fallezca y no deje ningún “muerto” es el objetivo de los seguros de vida sobre saldo deudor que por estos meses varios bancos se apresuran a ofrecer a sus usuarios de tarjetas de crédito. De acuerdo a sus compras, la persona paga un monto mensual para que, en caso de morir o quedar imposibilitado de pagar, el seguro cubra los consumos del mes y las cuotas no vencidas.

Lo que las emisoras presentan como un beneficio para el usuario es duramente cuestionado por sus detractores, los corredores de seguros y algunos legisladores que arguyen que en muchos casos es una imposición y que el precio de la prima es demasiado alto, entre otros puntos. El proyecto de ley que regula las tarjetas de crédito en estudio por el Parlamento tiene un apartado sobre el tema.

“Estos seguros vienen con un importante crecimiento“, confirmó Manuel Rodríguez, gerente de Mapfre Vida. “Si bien existen desde hace muchos años, eran pocos los que lo ofrecían“, agregó. Es así que el volumen de seguros colectivos para préstamos hipotecarios, saldos de tarjetas y otros créditos, creció 125% entre 2008 y 2011 para esta firma, que hoy trabaja para cinco bancos y diez financieras.

Es que existen “muchos préstamos para los que la única garantía del acreedor es la propia persona“, consideró el socio del estudio Ferrere, Diego Rodríguez. Y hay casos en que “la única garantía que permite cobrarlo es el seguro de vida, por eso se ha extendido tanto“, analizó el experto.

Le hemos incluido un seguro

El polémico producto es un seguro colectivo que las instituciones contratan para la totalidad de sus usuarios de créditos, hasta cierto tope de edad (unos 75 años). Itaú comenzó a incluirlo obligatorio para sus tarjetas a fines de 2009 al igual que Santander a comienzos de este año y que Banco Comercial, pero desde que nació. Los emisores notifican al cliente a través de una carta con su estado de cuenta, teniendo éstos la opción de dar de baja esa tarjeta o, en el caso de OCA -que por estos días comenzó a incluirlo en cada cuenta-, pueden llamar para cancelar el seguro.

Este carácter compulsivo del producto es de las principales críticas que se le hacen. El proyecto de ley que los diputados Gonzalo Mujica (MPP) y Daniel Peña (Alianza Nacional) presentaron a fines del año pasado detalla que “se prohibe el cobro de todo lo que sea extra crédito“. “Muchas tarjetas no te consultan, te lo ponen en el precio y chau“, explicó Peña a El Empresario. Carlos Galati, director de la Agrupación de Profesionales Asesores de Seguros, agregó que tampoco se le da la opción al titular de elegir la aseguradora ni de asesorarse con un profesional, además de que los bancos no deberían comercializar seguros, según establece la legislación vigente.

Lo que paga el usuario es otra de las fuentes de polémica. Mientras que Banco Itaú cobra una prima del dos por mil sobre saldo deudor, Santander cobra tres por cada mil. En tanto, en el caso de OCA “se calcula aplicando una tasa de 0,4% sobre el total de la deuda”, dice la carta que la empresa envió a sus clientes. Y agrega: “Tiene un costo mínimo de 4 UI, lo que equivale aproximadamenta a $ 9 y un máximo de 18 UI, es decir, aproximadamente $ 38″.

En el caso del Comercial es el seis por mil, el tope establecido por la circular 2019 del Banco Central del Uruguay (de diciembre 2010). Pese a que ésta quiso proteger al usuario, hay quienes aún consideran que es un monto excesivo. “Estamos hablando de que en un mes financiaste $ 4.000 y tenés que pagar $ 20 por el seguro. Si sumás $ 20 por un millón de usuarios es mucho dinero“, disparó Galati. “Tomando un extracto de edad medio alto, la prima debería ser de 0.70 por mil como muy alto“, agregó.

El empresario sumó otro elemento a la discusión y es que en general los tomadores de crédito que ya cuentan con un seguro no pueden ceder esos derechos a la institución financiera. “Duplica un costo que ya tenía asumido al haber contratado un seguro individual“, arguyó. En efecto, la carta de OCA establece que este es “independiente de otros seguros que pueda tener contratados“. No es así para el Banco Comercial; según reveló el gerente de tarjetas de crédito, Gerardo Sansberro, si la persona comprueba que ya tiene un seguro, lo debe ceder para que sea el banco quien cobre en caso de ser necesario.

Se desentienden de las sucesiones

Dependiendo del cristal con que se mire, el producto es bueno para usuarios, para las empresas o para ambos. Sansberro opinó que “es un seguro de muy bajo costo para que todos durmamos tranquilos“. Fernando Lorenzo, responsable de Banca Seguros de Santander, consideró que “ayuda a despreocuparse de resolver problemas económicos cuando la familia está procesando una situación de duelo“. Diego Rodríguez, de Ferrere, apuntó que “todo depende de la situación en la que esté cada persona. Para los que tienen algo que heredar sí es un beneficio“.

Esté en la situación que esté ese individuo, lo cierto es que los bancos tomaron cartas en el asunto para no quedarse con deudas impagas o tener que ir tras los sucesores de la herencia, en caso de que la haya. Para no llegar a esos extremos, algunas instituciones preveían la existencia de fiadores solidarios (se puede solicitar según el nivel de riesgo de la persona) o que los adicionales se hicieran cargo de las deudas de los titulares, como aún lo hace OCA.

No era el caso de las tarjetas de banco Santander antes de que se cobrara el seguro. “Se hacía una gestión ante los familiares del fallecido y en última instancia la deuda pasaba a formar parte de la sucesión“, contó Lorenzo. Igual que en Itaú; su subgerente general, Carlos Ham, recordó que “al producirse un fallecimiento, la deuda era cubierta por los familiares, o simplemente quedaba impaga“.

Luis Lapique, socio de Lapique & Santeugini Abogados, explicó por qué esas deudas podían quedar sin cobrarse: “La sucesión es de bienes y deudas; si los familiares la aceptan, quedan con los pasivos. Pero pueden no aceptarla o aceptarla bajo beneficio de inventario, si recibo 100, asumo hasta 100 de deuda“. Y analizó la decisión de los bancos de incluir este seguro: “El negocio del banco no es salir a cobrar, es que le paguen y cobrar los intereses. Por un préstamo de US$ 10.000 no va a ir a averiguar quiénes son los herederos… Mucho menos por una tarjeta de crédito“.

Así las cosas, las emisoras de tarjetas que no incluían el producto poco a poco lo van haciendo. “A mí no me sirve de nada, pero no me voy a ir a pelear con el banco por medio dólar al mes. Molestarme me molesta“, protestó un usuario que se sorprendió con este nuevo ítem en su estado de cuenta hace un par de meses. Lorenzo minimizó el impacto: “Se han recibido consultas sobre las condiciones y las coberturas; la incidencia de quejas o bajas de tarjetas de crédito son realmente insignificantes“.

Mayoría de créditos lo incluyen

El seguro de vida sobre saldo deudor, al que las tarjetas de crédito se vienen sumando los últimos años, se utiliza típicamente en el sistema financiero para los diferentes créditos que ofrecen. Las empresas prestamistas, que vienen creciendo exponencialmente, en su mayoría lo incluyen y se lo cobran al cliente a través de la cuota. Antonio Martínez, director de Microfin, contó que en dos oportunidades el seguro tuvo que hacerse cargo del saldo deudor, por fallecimiento de los titulares del préstamo.

En el caso de Pronto! no se cobra, aunque no descartan hacerlo en el futuro, confirmó a El Empresario el gerente general adjunto, Álvaro Hargain. “Las administradoras de crédito si hay algo de lo que saben es de riesgo“, aseguró el ejecutivo. “Nuestro negocio no son las sucesiones“, agregó. “No es el momento de ir a cobrar una deuda cuando una persona muere. El día después para nosotros es darlo a pérdida“, continuó el especialista.

Otras opciones

• Las sociedades 50-50: ¡problemas seguro!
• Se prohíbe la exigencia de realización de test de embarazo y toda forma de declaración de ausencia del mismo
• Responsabilidad de las empresas que contratan seguridad privada
• Reglamentación de documentos y firma electrónica
• Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un bien inmueble en Uruguay

Otras opciones

Ayer enviamos a nuestros clientes, y hoy compartimos en la web nuestra cartilla de novedades de diciembre de 2011 (PDF).

En ella encontrará artículos de temática variada:

• semblanza sobre los primeros 15 años del estudio jurídico Lapique & Santeugini Abogados,
• informe sobre recientes modificaciones al Proceso Laboral,
• informe sobre facilidades para la habilitación municipal de edificios con más de 10 años de construidos,
• informe sobre el tratamiento y disposición de residuos sólidos industriales.

Otras opciones

De esta forma se realizará un análisis de lo establecido en los artículos 83, 391 y 392 de la Ley 16.060, estudiando cuando se configura la exoneración de responsabilidad de los directores respecto a las decisiones tomadas sin convocar a reunión de directorio, principalmente en aquellos casos en que un director no toma conocimiento de la misma, así como en los casos en que toma conocimiento, pero la resolución es imposible de ser reconsiderada.

1. Introducción

Los administradores o directores de sociedades anónimas, serán responsables solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros, por los daños y perjuicios causados resultantes directa o indirectamente, de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo, así como por el abuso de facultades, dolo o culpa grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 391 de la Ley 16.060 (en adelante LSC).

La responsabilidad, siempre que no sea por violación de la ley, del estatuto o del reglamento, se extinguirá por la aprobación de su gestión, renuncia expresa o transacción, resueltas por la asamblea, siempre que no mediara oposición de accionistas que representen el 5% (cinco por ciento) del capital integrado.¹

Ahora bien, para no incurrir en responsabilidad, la LSC establece una serie de actos, así como una determinada conducta que el director debe asumir con respecto a las resoluciones que puedan generar dicha responsabilidad.

El procedimiento, así como los requisitos determinados en la LSC en los artículo 391 y 392 anteriormente expuestos, pueden ser muy difíciles de lograr y probar en la práctica en casos de inoperancia de los órganos sociales.

La presente ponencia analizará la responsabilidad de los directores en casos en que las resoluciones no se toman en reunión de directorio, así como tampoco se reúne la asamblea de accionistas.

2. Responsabilidad

La LSC, establece la responsabilidad solidaria de los directores, estableciendo ciertas cargas en su actuar a fin de exonerarse de la misma.

Se encontraran exentos de responsabilidad, aquellos directores que no hayan votado la resolución y hayan dejado constancia en actas de su oposición o comunicado fehacientemente su oposición en un plazo de diez días, contados a partir de la reunión en que se haya adoptado la resolución o de la fecha en que haya tomado conocimiento de ella.

Ahora bien, en muchas de las sociedades en nuestro país que tienen más de un director, los mismos no se reúnen asiduamente a tomar las decisiones en reunión de directorio. Asimismo, muchas veces, el presidente del directorio toma decisiones y resoluciones sin consultar a los demás directores.

¿Cómo se exonera el director de responsabilidad, cuando el presidente, no respeta el órgano colegiado o dos o más directores actúan por su cuenta sin poner en conocimiento a la totalidad de los miembros del directorio?

De acuerdo a la LSC, cuando se trate de actos o hechos no resueltos en sesiones del directorio, el director no será responsable, cuando solicite la reconsideración de la decisión a los restantes directores, en el plazo de diez días desde que tuvo conocimiento.

Encontramos como primer obstáculo, la posibilidad de conocer la medida tomada por los restantes directores o por el presidente, para poder solicitar la reconsideración de la misma. Asimismo, existen resoluciones que no son pasibles de ser reconsideradas, dado que ya fueron ejecutadas y consumadas, lo que vuelve más complejo la posibilidad de exonerarse de responsabilidad.

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Jueves, 11 de agosto de 2011.

Lapique & Santeugini Abogados, de Uruguay, ayudó a la curtiembre Zenda Leather a asegurar un préstamo de USD15 millones del Banco de Desarrollo de Alemania, para ampliar y modernizar sus instalaciones de producción.

DEG contrató a Guyer & Regules en Uruguay, Pinheiro Guimarães – Advogados en materia de derecho de Brasil y usó asesoría interna en Alemania en el acuerdo que se cerró el 29 de julio.

La línea de crédito de siete años de plazo fue garantizada por los accionistas de Zenda, así como por el empacador de carne brasileño Marfrig Alimentos, que compró la curtiembre en 2010.

La adquisición, que abarcó nueve jurisdicciones incluyendo Argentina, México y Chile, vio a Guyer & Regules asesorar a Marfrig, con Zenda Leather confiando en Lapique & Santeugini.

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Moye White es el representante local en Colorado de la International Alliance of Law Firms, organización a la que también pertenece Lapique & Santeugini Abogados.

El semanario Law Week Colorado publicó una nota especial sobre este tema, que puede leer aquí en formato PDF.

Por su parte, el periódico Denver Business Journal también publicó una nota disponible aquí (que puede descargar en formato PDF).

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