Dado que el 18 de mayo de este año se conmemoran los 200 años de la Batalla de las Piedras así como de creación del Ejército Nacional, el Poder Ejecutivo remitió al Presidente de la Asamblea General un proyecto de ley por el cual se exceptúa del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.805 del 24/12/96 y su modificativa, Ley 17.414 del 8/11/01, para el lunes inmediato anterior; analizándose la posibilidad de declararlo excepcionalmente feriado no laborable.

2. Normativa

La Ley 16.805, de 1996, establece que “los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, seguirán el siguiente régimen:

1. Si coincidieran en sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días.
2. Si ocurrieren en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior.
3. Si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.

3. Situación excepcional: 18 de mayo de 2011

El proyecto presentado por el Gobierno planteaba que, excepcionalmente por este año, con motivo del Bicentenario Nacional, no se corriera de día el feriado del 18 de mayo y se declarara feriado no laborable.

Finalmente, el parlamento sólo optó por decretar el no corrimiento de ese día como feriado, que no pasa para el lunes sino que se mantiene para el miércoles, no declarándose feriado no laborable.

El comunicado emitido por el Parlamento expresa lo siguiente:

“Feriado del 18 de Mayo de 2011.
Por el que se exceptúa al 18 de mayo de este año del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.085, en la redacción dada por la Ley 17414, con motivo de celebrarse el bicentenario de la creación del Ejército Nacional. Se trata de un feriado laborable”.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Otras opciones

En el presente informe analizaremos el régimen legal vigente sobre los despidos especiales, así como también sus consecuencias prácticas, que debemos tener presente a la hora de despedir a un trabajador.

Partimos de la base que el despido es un modo de extinción de la relación laboral que mantienen hasta ese momento el empleador y el trabajador. Es decir, el empleador mediante el despido decide finalizar la relación laboral. Como consecuencia de ello, el trabajador deberá ser indemnizado. Dicha indemnización varía cuando estamos frente a un despido especial.

Los despidos especiales son aquellos que se producen en situaciones especiales, tales como enfermedad, maternidad y/o accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el caso de los despidos especiales, el monto de la indemnización aumentará si el despido se produce dentro del conocido “período de protección del trabajador”, como veremos a continuación.

Otras opciones

En virtud de las dificultades de interpretación y aplicación que han surgido respecto de la nueva redacción del artículo 288 de la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 (en adelante LSC), dada por el artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores 18.627, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Número 346/010 de fecha 26 de noviembre de 2010 (en adelante Decreto). Mediante este Decreto se establece de modo claro e inequívoco cuáles son los ejercicios económicos comprendidos en la nueva norma.

A continuación realizaremos una breve reseña respecto de la nueva redacción del artículo 288, que prevé la causal de aumento nominal obligatorio de capital integrado, y analizaremos lo dispuesto en el Decreto dictado por el Poder Ejecutivo.

2. Aumento obligatorio de capital integrado de acuerdo a la modificación introducida al artículo 288 de la LSC por la Ley de Mercado de Valores

Este artículo, en su redacción original, preveía el aumento nominal obligatorio del capital integrado cuando, aprobado el balance anual de la sociedad, el capital integrado representaba menos del 50% del capital integrado más las reservas.

El artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores modificó el texto del artículo 288, estableciendo que a los efectos de determinar si corresponde aumentar en forma obligatoria el capital integrado de la sociedad, se deberán considerar no solamente las reservas, sino también los ajustes al patrimonio.

En función de esta solución, deberá realizarse el aumento obligatorio cuando el capital integrado dividido la suma del capital integrado, las reservas y los ajustes al patrimonio, sea inferior a 0,5.

3. Ejercicios económicos comprendidos según Decreto 346/010

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto, el artículo 288 de la LSC en su nueva redacción dada por el artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores, se aplicará a los ejercicios económicos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última.

De modo que, lo mencionado en el numeral anterior se aplicará a aquéllos ejercicios económicos que comiencen diez días después su publicación en el Diario Oficial, que fue el 16 de diciembre de 2010.

En caso de encontrarse dentro de la causal de aumento obligatorio de capital integrado, el Directoo,rio de la sociedad deberá disponer el aumento del capital contractual dentro de los 30 días de aprobado el balance. Una vez resuelto el aumento de capital por el Directorio, se deberá comunicar al Registro Nacional de Comercio y realizar las publicaciones respectivas, tal como lo establece el inciso 2do. del artículo 288 de la LSC.

Asimismo, se deberá comunicar el aumento de capital a la Auditoría Interna de la Nación en el plazo de 60 días corridos, contados a partir del inmediato siguiente al de la fecha del acta de directorio que resuelve el aumento. El incumplimiento de dicha obligación supone la aplicación de la sanción de apercibimiento en el primer caso y una multa de 25 UR en la segunda ocasión.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Dr. Luis Lapique

Otras opciones

Ante la solicitud de autorización o de prórroga de contratos de usuario directo o indirecto ante Zona Franca, se deberá presentar la documentación y cumplir las exigencias que a continuación expresaremos.

Por su parte, el decreto Nº 344/010 del Ministerio de Economía y Finanzas, estableció que los requisitos establecidos por la nueva reglamentación, se aplicarán para los nuevos contratos y sus respectivas prórrogas, y no así a los contratos vigentes y aprobados con anterioridad a su entrada en vigencia.

1. Directorio

Toda modificación en el directorio de una sociedad usuaria de zona franca, deberá ser comunicada al Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, en un plazo de 30 días contados desde la inscripción definitiva de la misma en la Dirección General de Comercio, aportando un testimonio notarial de la declaratoria en dicho registro.

Asimismo, deberá adjuntarse una nota por representante de la sociedad, informando la nacionalidad de los directores, informar si la actividad será remunerada o no, su domicilio, teléfono y correo electrónico.

2. Actividad

En el momento de la aprobación del contrato de usuario, o de la respectiva solicitud de prórroga, el Área de Zonas Francas, deberá controlar que la sociedad desarrolla la actividad prevista en su objeto, y que la misma concuerda con el plan de negocios presentado.

Para que el contrato de usuario o su prórroga sea aprobado, además de acreditar los extremos anteriormente mencionados, deberá acreditarse que la sociedad genera empleo directo o indirecto en la zona franca, que desarrolla su actividad en la zona franca, utilizando o aprovechando las instalaciones provistas por el explotador o por el usuario directo que correspondiera, y que tenga domicilio fiscal en la zona.

A efectos de determinara si se cumple con la generación de empleo directo o indirecto, sólo se considerará al personal que efectivamente preste funciones dentro de la Zona Franca, quedando excluidos a estos efectos, los profesionales asesores de los usuarios y sus empleados, que desarrollen sus actividades en territorio no franco.

3. Plazo máximo de contratos

El plazo máximo que se autorizará para los contratos de usuario directo en zonas francas de explotación privada, será de diez años contados a partir del acto de autorización dictado por le Área de Zonas Francas y de dos años para los contratos de usuario indirecto.

Con una antelación no menor a 120 días al vencimiento del contrato de usuario directo o indirecto original o de sus prórrogas, podrá solicitarse una prórroga del contrato acreditando razones fundadas. En caso de no pronunciamiento por parte del Área de Zonas Francas, la solicitud de prórroga del contrato se entenderá autorizada.

Los plazos de las prórrogas no podrán superar el plazo del contrato original de usuario.

Por razones debidamente fundadas, podrán autorizarse contratos con plazos mayores a los anteriormente mencionados, tomando en cuenta la cuantía de las inversiones en activos fijos, el volumen de empleo directo generado y la extensión del período de amortización de la inversión.

Los plazos máximos establecidos, serán obligatorios para todo nuevo contrato con posterioridad al Decreto, no siendo aplicable a los contratos ya vigentes y aprobados, salvo en los casos en que se modifique el plazo de dichos contratos, donde se tendrá que establecer los nuevos límites.

4. Explotador de Zona Franca

El explotador deberá proveer de infraestructura necesaria y suficiente, entendiéndose por esto un conjunto de edificaciones, instalaciones, estructuras y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades en las zonas francas.

Las instalaciones deberán proveer de instalación de energía eléctrica, suministro de agua, red de saneamiento, telefonía básica incluido ADSL básico, aislación perimetral, red vial y alumbrado interno y perimetral, servicios de limpieza y de recolección de residuos, el mantenimiento de vigilancia, la red hídrica contra incendios, construcción y equipamiento de resguardo aduanero y oficina de control de acceso del explotador.

Los referidos servicios podrán ser brindados en forma directa por el explotador o a través de terceros.

5. Personal

Con respecto a la exigencia de contar con el 75% del personal constituido por ciudadanos uruguayos, naturales o legales, se establece que para realizar dicho cómputo, debe incluirse tanto al personal dependiente propiamente dicho como a los directores que ejerzan actividad remunerada.

Asimismo se establece la posibilidad de solicitar por escrito al Área Zonas Francas, la posibilidad de contar con un número mayor al 25% de personal extranjero, resolviendo en definitiva sobre dicha solicitud el Ministerio de Economía y Finanzas.

6. Conclusión

El nuevo decreto establece una serie de medidas y requisitos tendiente a eliminar las llamadas sociedades de “papel” en Zonas Francas.

En este sentido, las sociedades que no cumplan con las exigencias establecidas, no podrán continuar operando o solicitar nuevos contratos.

El Decreto no establece un plazo para adecuarse a la nueva reglamentación, por lo que aconsejamos tomar medidas inmediatas a fin de verificar si se encuentran en condiciones de cumplir con el mismo.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren conveniente.

Otras opciones

1. Video vigilancia

Se considera video vigilancia a toda grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes o de sonidos mediante video cámaras o algún medio análogo.

La captación de imágenes de personas constituye información personal, por lo que a las bases de datos que almacenen dichas imágenes, les es enteramente aplicable la reglamentación relativa a la protección de datos personales.

Sólo quedan exentos de la reglamentación aludida cuando se utilicen con fines de seguridad pública, defensa del Estado, en el ámbito penal, en el ámbito personal o doméstico de las personas físicas o cuando se capte con fines periodísticos.

2. Logotipos obligatorios

Todo lugar donde exista un sistema de video vigilancia deberá contar con los logotipos expresamente elaborados por la Unidad Reguladora. Dichos logotipos no podrán ser modificados, salvo en lo que respecta a los datos que deberán contener.

En los mismos deberá agregarse el nombre del responsable de la base de datos, así como también la dirección en donde se pueden ejercer los derechos (establecidos en la Ley) de los titulares de dichos datos.

Los logotipos que no sean los estrictamente proporcionados por la Unidad, como aquellos otorgados por las empresas de vigilancia, no tendrán valor alguno a los efectos de cumplir con el dictamen.

3.  Obligación de inscripción

En caso de no haber inscrito las bases de datos que almacenen videos de vigilancia, deberá proceder a hacerlo.

Nos encontramos en condiciones de asesorarlos para dichas inscripciones, dado que las mismas poseen particularidades, como el tiempo de conservación de los datos, o la cantidad de los mismos, en que la Unidad Reguladora realizará especial hincapié.

4.  Conclusiones

En caso de que usted cuente con un sistema de vide vigilancia, deberá proceder a la inscripción de la base de datos y a la instalación de los logotipos proporcionados por la Unidad Reguladora.

Si es necesario, contamos con dichos logotipos para poder proporcionarlos en forma inmediata.

Otras opciones

La Ley de Mercado de Valores 18.627 (en adelante LMV) publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2009 modificó el artículo 288 de la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 (en adelante la LSC).

El cambio introducido va a implicar que más sociedades anónimas se encuentren dentro de la causal de aumento nominal de capital integrado obligatorio previsto por el mencionado artículo 288.

A continuación analizamos la modificación introducida y la verificación que se debe realizar al momento de aprobar estados contables de cierre de ejercicio, a los efectos de tomar las decisiones necesarias para cumplir con el aumento de capital obligatorio establecido por la LSC y evitar sanciones.

2. Aumento obligatorio de capital integrado de acuerdo a la modificación introducida al artículo 288 de la LSC por la Ley de Mercado de Valores

Este artículo, en su redacción original, preveía el aumento nominal obligatorio del capital integrado cuando, aprobado el balance anual de la sociedad, el capital integrado representaba menos del 50% del capital integrado más las reservas.

El artículo 124 de la LMV, modificó el texto del artículo 288, estableciendo textualmente que:

“ARTÍCULO 288. (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas y los ajustes al patrimonio (revaluaciones del activo) la sociedad deberá capitalizar esas reservas y los montos resultantes de los referidos ajustes o revaluaciones hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al Registro Público de Comercio y se publicará”.

De acuerdo a la modificación introducida, a los efectos de determinar si corresponde aumentar en forma obligatoria el capital integrado de la sociedad, se deberán considerar no solamente las reservas, sino también los ajustes al patrimonio.

En función de esta solución, deberá realizarse el aumento obligatorio cuando el capital integrado dividido la suma del capital integrado, las reservas y los ajustes al patrimonio, sea inferior a 0.5.

La fórmula a aplicar para determinar si se debe aumentar el capital es la siguiente:

KI / (KI + Reservas + Ajustes al Patrimonio) < 0,5

3. Trámites, plazos y sanciones

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 288, el órgano de administración (directorio o administrador) deberá disponer el aumento del capital contractual dentro de los 30 días de aprobado el balance y no se requerirá conformidad administrativa, lo que significa que la AIN no aprueba el aumento, sino que solamente se le debe comunicar. Una vez resuelto el aumento de capital por el directorio, se debe comunicar al Registro Nacional de Comercio, publicar y emitir las acciones resultantes del aumento de capital. Las acciones se entregarán a los accionistas, a prorrata de su participación anterior al aumento, dado que se trata de un aumento de capital nominal.

De acuerdo al artículo 3 del Decreto 486/001 y el Instructivo de la AIN sobre el Decreto, el plazo para comunicar el aumento de acuerdo al artículo 288 es de 60 días corridos, contados a partir del inmediato siguiente al de la fecha del acta de directorio que resuelve el aumento. El incumplimiento de dicha obligación conlleva a la aplicación de la sanción de apercibimiento en el primer caso y una multa de 25 UR en la segunda ocasión.

No se establece una sanción específica si no se resuelve el aumento dentro de los 30 días de aprobados los estados contables, pero recomendamos realizarlo dentro del plazo previsto.

En caso de que la sociedad se encuentre comprendida dentro del aumento de capital obligatorio previsto por la LSC y deba realizar un trámite ante la Auditoría Interna de la Nación, si la oficina reguladora lo detecta, requerirá el cumplimiento del aumento obligatorio, dilatando la aprobación del trámite solicitado (aumento de capital, reducción de capital, reintegro, etc.).

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Dr. Luis Lapique

Otras opciones

El pasado mes de mayo el Poder Ejecutivo, representado por el ministro de Economía y Finanzas y sus respectivos subsecretarios, dieron a conocer a los distintos sectores de empleadores y trabajadores los lineamientos estratégicos del Gobierno para una nueva Ronda de Negociación Colectiva que dará inicio en el próximo mes de julio.

El objeto del presente informe es dar a conocer el contenido de estos lineamientos, así como también su objeto y los medios e instrumentos para lograr los fines propuestos por el Gobierno.

2. Objetivo del Gobierno

Este consta en obtener relaciones laborales de calidad, que incluyan el análisis y compromisos específicos de ambas partes de la relación laboral en la consolidación del proceso de crecimiento que vive el País, en beneficio del conjunto de la Sociedad. Los Criterios Generales para la búsqueda de dichos objetivos son:

2.1. Promoción de convenios de larga duración

Una de las metas primordiales del Gobierno es la celebración de convenios de larga duración. Esto se plantea con el fin de garantizar estabilidad y continuidad del proceso de generación de empleo y a su vez seguir con las mejoras salariales de quienes ya están trabajando en los distintos sectores de la economía.

2.2. Ajustes Salariales

Se parte de la base que durante el gobierno anterior se tuvo como objetivo la recuperación del salario real, pero que a partir de ahora se buscara acompañar la evolución del salario con el crecimiento de la actividad económica.

Los procesos de negociación deben conducir a mecanismos de ajustes saláriales anuales que se caractericen por la combinación de tres componentes: inflación esperada, crecimiento esperado de la economía (componente macro) y el desempeño especifico de cada sector de actividad (componente micro).

Se enfatizo por parte del Gobierno que al momento de la negociación se debe tener muy en cuenta la combinación de estos tres elementos.

Es debido al deseo por parte de las autoridades que estos convenios sean de larga duración es que se prevé la inclusión de correctivos específicos, para modificar el porcentaje de inflación esperada en caso de que las previsiones se superen antes de la fecha del ajuste.

También se incluirán cláusulas de salvaguarda en caso de que surjan elementos económicos que pongan en riesgo el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados.

A modo de ejemplo el Ejecutivo propuso diferentes indicadores en los cual las partes se podrán basar para lograr ajustes que sean transparentes y claros para ambas, como los pueden ser:

• A nivel macro, el PIB observado o las expectativas que se tengan de éste, así como también la variabilidad de la tasas de empleo.
• A nivel sectorial, los indicadores pueden ser: puestos de trabajo registrados durante un periodo determinado, índice de horas trabajadas, índice de volumen físico o comportamiento de las ventas en un lapso determinado de tiempo.
• En cuanto a los sectores exportadores, los indicadores pueden ser: el tipo de cambio real, los precios de las exportaciones o los mismos a nivel internacional.

2.3. Especial atención a salarios más sumergidos

El Gobierno remarcó que se les dará atención prioritaria a estos salarios, con el objetivo de atacar las situaciones de pobreza y desigualdades salariales extremas. Y en este sentido, habrá un incremento del Salario Mínimo Nacional.

El Poder Ejecutivo asumió además el compromiso de reducir gradualmente el complemento de cuota mutual patronal hasta que desaparezca, para que parte de ese dinero sea volcado a los salarios más bajos.

2.4. Otros temas a incluir

En el marco de la Ley 18566, de fecha 30 de setiembre de 2009, el gobierno pretende que se incluyan nuevos temas en la agenda de negociación colectiva que tengan como objeto mejorar la calidad de las condiciones de trabajo.

Si bien estos temas no son obligatorios que se traten en los próximos consejos de salario pues la ley no hace referencia alguna a la obligatoriedad de los mismos, es de interés del Ejecutivo que habiendo acuerdo de parte sean puestos sobre la mesa de negociación.

En tal sentido se ha puesto un especial énfasis en la formación y capacitación profesional por parte de los trabajadores, con el fin de promover la adaptación a las nuevas tecnologías y mejorar la calidad del empleo.

Para llevar a cabo esto se propone la creación de fondos de capacitación sectoriales como por ejemplo pasa en la industria de la construcción, estimular la culminación de los estudios de enseñanza formal a través de diferentes mecanismos como lo puede ser el programa “Estudia Uruguay”, así como también asignar desde los diferentes ámbitos estatales un rol central a la gestión del INEFOP.

También se propusieron diferentes herramientas para la promoción de la formación profesional, como lo son:

• Formación durante la jornada de trabajo.
• Creación de bancos de horas.
• Distribución del tiempo de formación entre la empresa y los trabajadores.
• Adaptación de la jornada de trabajo para que así los trabajadores puedan asistir a cursos de capacitación.

3. Con esta Ley se pretende:

3.1. La promoción de políticas efectivas para procurar la inserción efectiva de la mujer en el mercado laboral.

3.2. Llevar a cabo la revisión del régimen de subsidio por maternidad, ampliando así sus prestaciones, complementando los importes mensuales abonados por el sistema publico se la Seguridad Social de manera que las trabajadoras perciban un total líquido de haberes mensuales igual al que les correspondería si estuvieran trabajando.

3.3. También se ampliaran los derechos de la mujer que se ha reintegrado de la licencia maternal, reduciéndose la jornada laboral hasta un 50% durante un periodo máximo de 6 meses.

3.4. La ampliación de la licencia Paternal a 5 días contando a partir de la fecha de nacimiento del hijo.

3.5. El complemento del seguro por enfermedad, incentivando a que las empresas abonen las diferencias entre el jornal básico vigente y el subsidio servido por el seguro por enfermedad.

3.6. La inclusión de acuerdos que promuevan la creación de Comisiones de Seguridad, Delegados de las mismas, etc.

3.7. La Modernización de la clasificación de las categorías laborales, readecuando las mismas a los efectos de adecuarlas a las nuevas tendencias.

3.8. La promoción del empleo juvenil, creando programas de capacitación y leyes que asignen recursos para llevar adelante estas políticas.

Procurador Diego Barreiro

Otras opciones

La Ley 18.572 (en adelante La Ley), que entró en vigencia el 1º de febrero de este año, estableció un proceso especial para los juicios laborales, buscando dar una mayor celeridad a los mismos. A tal fin, fueron creados dos procedimientos para dichos reclamos, uno para los casos en los que el reclamo no supere los $81.000, denominado proceso de menor cuantía, y el otro, para las causas donde se exceda dicho monto.

A grandes rasgos, el proceso de menor cuantía tiene la particularidad de que la resolución dictada por el juez no puede ser apelada, resolviéndose el mismo en una única audiencia, en la que el demandado debe contestar la demanda en ese momento. Por su parte, para los procesos en los cuales el monto del reclamo excede el límite establecido en el párrafo anterior, si bien se admite la apelación, ésta tiene como condición necesaria depositar el 50% del monto total de la condena para que la misma sea procedente.

2. Recurso de Inconstitucionalidad

Desde la entrada en vigencia de la Ley, se han presentado un considerable número de recursos de inconstitucionalidad de la misma, dictándose la primera sentencia a estos efectos por la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la misma.

El recurso planteado, se realizó en el marco de un reclamo correspondiente al nuevo proceso que superaba el límite de $ 81.000, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de tres artículos. El demandado solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo que establece la obligación de depositar el 50% del monto de la condena para tener la posibilidad de apelar; del artículo que establece que si el demandante no recurre a la audiencia se deberá disponer el archivo del expediente, mientras que si no concurre el demandado el juez deberá fallar con los elementos con los que cuente, dando por ciertos los hechos planteados; y la declaración de inconstitucionalidad del artículo que impide la contrademanda por parte de los empleadores.

3. Declaración de inconstitucionalidad

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 17 de la Ley, el cual determinaba la obligación de depositar el 50% del monto total de la condena para tener la posibilidad de apelar la sentencia.

Según manifestara la Corte, este artículo restringe el derecho de defensa, al imponer un condicionamiento al acceso a la segunda instancia.

También se declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley, el cual determina los efectos de la inasistencia a la audiencia. Para la Corte, “surge una evidente desigualdad en el trato que la ley dispensa a las partes frente a una misma situación jurídica: la incomparecencia”.

Al establecer que la incomparecencia a la audiencia del reclamante, las actuaciones se archivan, mientras que ante la misma situación pero por parte del demandado, se deberá fallar dando por cierto los hechos planteados, la Ley viola el principio de igualdad de las partes.

4. Rechazo de inconstitucionalidad

Por su parte, la Corte no hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del artículo que impide la contrademanda, entendiendo que dicho artículo “no resulta violatorio de ningún mandato constitucional”, ni en particular el principio de igualdad, como se alegara en el recurso.

5. Conclusión

En nuestro derecho la declaración de inconstitucionalidad se aplica solamente al caso concreto, significando esta sentencia un precedente de suma importancia para futuras acciones.

Ante reclamos laborales, deberá evaluarse la posibilidad de solicitar el recurso de inconstitucionalidad, teniéndose en cuenta que el comentado fallo, solamente es el primero de un gran número de recursos interpuestos.

Dr. Alvaro Gussoni

Otras opciones

07/04/2010

Un campo en el departamento de Durazno puede tener muchas similitudes con otro en Florida, o en Treinta y Tres. Productores que vieron como sus padres, abuelos y hasta bisabuelos forjaron la tierra de la zona de Valentines y Cerro Chato, de Las Palmas, en Nico Pérez.

Las grandes máquinas ya operan en la región Este

Hoy tienen en común el ganado, las aguadas, alguna que otra forestación, los alambrados… y los cráteres que está dejando la minera Aratirí a cada paso, en cada potrero.

Honda preocupación existe en la confluencia de los tres departamentos ante la prospección que está realizando el emprendimiento minero con mayor inversión en la historia del Uruguay, donde los campos son abiertos, dinamitados, explorados, y luego abandonados.

Guillermo De Los Santos, productor que habla del proceso en Treinta y Tres, relató algunos hechos.

“Esta gente, particulares, se presentó en mi establecimiento sin la autorización de Minería, nos dijeron que la misma vendría después y que en ese caso se seguiría todo el proceso legal de servidumbre. Consideramos que no correspondía, pues si el Estado tiene una ley que dice que el superficiario debe recibir una orden, nosotros la pedimos“.

Este caso de De Los Santos y tantos otros motivaron una reunión desarrollado en la zona la pasada semana, donde una buena cantidad de vecinos pidieron a gritos la presencia de alguna autoridad ministerial. “El Estado no está, y debe estar“, fue el clamor popular.

Se habla de unos 20 productores en la zona de Valentines, con unas 4800 hectáreas afectadas a Minería.

El 4 de febrero de 2010 llegaron los permisos correspondientes, y desde entonces los grandes camiones, las enormes máquinas y las explosiones, son moneda y ruido corriente en la región.

“A raíz de eso empezamos a darle difusión pública, nos conectamos con el Ing. Agazzi como ex ministro del MGAP, persona importante en el partido de gobierno, también con otros actores políticos. La conclusión es que este tema no se conoce, la Ley de Minería fue hecha en momentos en que estos emprendimientos no existían y hay una desprotección total del superficiario. En todo este proceso no hemos visto nunca la presencia del Estado, ni Dinama ni Minería. Si en una confluencia de 3 departamentos va a establecerse una inversión de ese monto, la más grande del Uruguay, cabría reunirse con vecinos y ver la situación de cada uno. Nosotros hasta ahora hemos tenido solo la información de la empresa minera, con intereses económicos cuyo interés principal es el lucro“, afirmó De Los Santos.

Ni información ni presencia

A los productores zonales se les pide “que nos nucleemos, que informemos, pero que nos hayan vuelto a llamar, no“.

El Estado es reclamado en la zona, pero es el gran ausente. Han concurrido legisladores, ex intendentes, ex diputados, pero nadie más. “Todos están asombrados, todos dicen que hay que analizarlo, algunos hablan de la ecuación económica entre inversión, puestos de trabajo, pero nadie sabe de la afectación“.

Ya no es un murmullo, es un conocimiento a gritos. Aratirí es bienvenida desde Mujica al último de los trabajadores estatales, y se rumorean 100 mil hectáreas heridas de muerte, con el cielo como testigo de esos cráteres de panza hundida.

Esto implica no solamente los blocks, también cordones magnéticos de continuidad. Desde la minera -que ha sido bien recibida en los poblados por la mano de obra y las tareas sociales en las cuales se han involucrado (por ejemplo poner plata para equipos de fútbol regionales)- se comentan los cráteres, varios de 3 kilómetros por 1 por 300 metros de profundidad, se menciona el proceso de extracción con dinamita. Luego un proceso de molienda, separación por medios magnéticos, el acercamiento a un puerto de aguas profundas.

“Son cosas que asustan. Pienso que la presencia estatal nos podría dar alguna garantía. Yo tengo mis campos pedidos, mis predios -si los vendo- son predios mineros, de descarte ganadero, no hay compradores, pues el proceso dura dos años. En esta situación no podemos seguir invirtiendo“, finaliza Dos Santos.

La Federación Rural planteó que quería recorrer la zona, en pueblos donde las reuniones son abiertas. Lugares donde los veteranos hablan de sentimientos, de tierras arraigadas a apellidos paternos y maternos, de amor…

Molestia de muchos

Nicolás Barrero, periodista de Radio Agraria, habló con su colega Alvaro Aguiar de AM 1430 Radio Durazno. Le comentó que “mucha gente se ha dado cita, convocada por vecinos preocupados por este problema puntual en la confluencia de los 3 departamentos, sobre todo en Valentines. La minera Aratirí se ha lanzado en serio a la búsqueda y explotación del hierro, algo que los productores no habían tenido aviso previo alguno. Vino la empresa y comenzó a hacer las prospecciones con las debidas autorizaciones desde el Ministerio, pero no se conversó con la gente, y eso ha molestado a muchos“.

También el profesional comentó que se han hecho destrozos en algunos campos, y no se ha tratado de resarcir. “Esto es un llamado urgente a que el sistema político del país lo tome en cuenta, pues ni Dinama ni Dinamige han llegado a conversar. Esto es mucho desarrollo y trabajo pero ¿A costo de qué?“.

Mientras a los productores se les ha dicho que la empresa “anda en prospección, que están en búsqueda si el campo puede ser explotable o no“, Fernando Puntigliano -titular visible de Aratirí en Uruguay- estuvo en Cerro Chato y participó de una reunión con más de 100 productores, donde respondió muchas interrogantes que sin embargo no trasmitieron seguridad a los involucrados, a juzgar por las reuniones que se han continuado en el tiempo desde entonces.

En el final de su charla, Barrero tiró algunos comentarios. “Hay gente aquí cuyos bisabuelos lograron el campo, y esos bisnietos hoy quieren saber que va a pasar con sus campos“, o “Según la Ley de Minería no pueden trabajar con ganado si la empresa no lo quiere” o un relato preocupante: “Alguien fue al banco a pedir un préstamo y le dijeron que no, su campo no sirve como garantía pues está afectado a Minería“.

A medida que se ha ido extendiendo la empresa se ha generado malestar por destrozos de campos. “La gente está desconforme con el cánon que se paga por exploración, que lo fija el Estado. Es un cánon sobre el cual se paga IRPF, pero que es injusto para el productor pues es algo sobre lo cual no tiene decisión“. La denuncia la plantea Ruben Barera, integrante de la Sociedad Rural de Cerro Chato. Su planteo y el de la Sociedad Rural local se ha elevado por notas al Ministerio -en Montevideo- canalizadas a través de la Mesa de Desarrollo de Durazno, “pero no hemos obtenido respuesta alguna“.

Roturas sin fin

Dijo que le rompen el campo, que ha visto en campos vecinos, en la zona de Las Palmas (Durazno) en la 8ª sección lindera con la 13ª, el comienzo de las exploraciones.

“Ahora hacen caminería, las rampas para las máquinas luego las reparan. Es un campo forestado, sin hacienda, que fue vendido hace poco a un grupo que no exige mucho. La empresa dice que deja todo en orden, aunque los vecinos dicen que no es tan así. En fotos he visto que dejan mucho que desear los arreglos finales“.

Lea aquí un informe legal
sobre la minería en Uruguay.

Otras opciones

El 7 de Julio de 2009 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 18.507 (en adelante, la Ley), que entrará en vigencia el 20 de julio de 2009.

La Ley crea un proceso judicial especial para los reclamos originados en una relación de consumo, según las disposiciones de la Ley 17.250 (Defensa del Consumidor).

2. Competencia

El proceso que analizaremos es aplicable solamente a las pretensiones cuyo monto total de lo reclamado en la demanda no supere el valor de 100 Unidades Reajustables, equivalentes en este mes de julio de 2009 a $41.966. Serán competentes para este tipo de reclamo, los Juzgados de Paz.

Los reclamos que superen dicho monto, no tienen un proceso especial, y se deben seguir tramitando por procesos ordinarios.

3. Procedimiento

El reclamo se efectiviza con la simple presentación de solicitud de audiencia, llenando un formulario que confeccionará el Poder Judicial, sin necesidad de escrito de demanda como en cualquier otro proceso.

El único tributo que se deberá abonar es un timbre del Poder Judicial correspondiente al 1 % del monto total reclamado.

No es necesaria la conciliación previa, lo que ha generado una fuerte oposición de la propia Liga de Protección al Consumidor, dado que la mayoría de estos trámites se solucionan hoy en día por medio de la previa conciliación.

4. Audiencias

Recibida la solicitud por el Juez, éste deberá convocar una audiencia dentro de las 48 horas, la cual deberá celebrarse en un plazo máximo de treinta días.

Una vez recibida la notificación personal de la audiencia por el demandado, éste solamente debe asistir a la audiencia, no se debe presentar ningún escrito de contestación de demanda como ocurre normalmente.

De lograrse la conciliación por el Juez, éste labrará un acta el que tendrá la misma fuerza que una sentencia.

5. Prueba

En la audiencia se oirá a las partes, las que formularán sus proposiciones y ofrecerán la prueba pertinente, la cual de ser posible se diligenciará en la audiencia.

Las partes podrán presentar como máximo tres testigos, a los cuales se le formulará el interrogatorio en la misma audiencia, por lo que el día de la audiencia, no solo debe asistir la parte citada, sino que también deben asistir los testigos quienes deberán ser conducidos por cada parte.

En caso de no poder diligenciarse toda la prueba ofrecida, se podrá prorrogar la audiencia por una única vez por un plazo no mayora a quince días.

6. Sentencia

Finalizada la audiencia, el Juez dictará en ese mismo instante la sentencia, donde se pronunciará sobre las defensas interpuestas por el demandado y sus excepciones previas.

El dictado de la sentencia solamente podrá prorrogarse por un plazo de tres días en casos fundados.

Las costas y costos (gastos del proceso y honorarios) serán pagados por quien es vencido, a no ser que el Juez entienda que cada parte asume sus gastos.

7. Recursos

Contra las decisiones del Juez solo podrá interponerse recursos de reposición, y la sentencia definitiva, sólo admitirá los recursos de aclaración y ampliación, por lo que no es posible recurrir mediante la apelación a otro órgano jurisdiccional de mayor jerarquía.

8. Asistencia letrada

La comparecencia en este reclamo, no necesita de asistencia letrada obligatoria (presencia de un abogado) como todos los demás procesos que se tramitan en el poder judicial.

Esta disposición tiene el objetivo del acceso a la justicia para todas las personas, pero el problema que se genera, es que se lleven al ámbito judicial problemas que no son de derecho y que podrían ser fácilmente solucionables en la conciliación realizada por la Liga de defensa al consumidor.

Por otro lado, si una parte asiste con abogado y la otra no, se crea una desigualdad en el proceso, y esto es contrario a los principios de derecho.

Asimismo pueden generarse discusiones legales provenientes de la propia Ley 17.250 (que regula las relaciones de consumo), que personas sin conocimiento de derecho no estarían facultadas a resolver.

9. Plazo

Para poder realizar el reclamo mediante este proceso, el mismo deberá presentarse dentro del año de verificado el acto, hecho u omisión que fundamenta la acción.

La no presentación del reclamo dentro del año, tiene como consecuencia que no se pueda tramitar este proceso sumario, lo que no significa que no se pueda realizar el reclamo por un proceso ordinario de la misma manera que se realiza hasta el momento.

10. Conclusiones

Se crea un proceso judicial sumamente sumario para los reclamos originados en una relación de consumo, tomando como fuente los tribunales de menor cuantía de origen anglosajón.

Nuestro estudio está en condiciones de asistirlos en casos de reclamos basados en la Ley de Relaciones de Consumo 17.250, que se tramiten de acuerdo al procedimiento analizado en el presente informe.

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