Esta nueva disposición, se suma al régimen de Responsabilidades ya previsto en las leyes sobre Tercerizaciones (18.099 y 18.251), que imponen a las empresas principales responsabilidad por las obligaciones laborales, por el pago de las contribuciones de seguridad social, e incluso por la prima de accidentes de trabajo y recuperos.

Con esta nueva norma se hace ahora, responsable solidariamente a la empresa principal del pago de las multas que le aplique el Ministerio del Interior (facultado por la Ley 16.170, art. 152) a las empresas de seguridad, vigilancia y afines por el incumplimiento a las normas que rigen dicha actividad. Tales incumplimientos pueden ser por ejemplo prestar servicios sin la autorización correspondiente, tener funcionarios o vehículos no habilitados, armas no autorizadas, incumplir el reglamento de custodia o transporte de valores, etc. Se trata de sanciones de carácter administrativo.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, habrá que sumar a los controles de los proveedores en general, los específicos de este giro, como por ejemplo la habilitación otorgada por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (RENAEMSE) que depende del Ministerio del Interior.

En virtud de ello, aconsejamos agregar una cláusula a los nuevos contratos con estas empresas (o una adenda contractual en los ya vigentes), que refiera al control de las habilitaciones y autorizaciones, así como la retención de los pagos en caso de constatarse irregularidades.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, siempre que se contraten servicios tercerizados, deberá tenerse en cuenta cumplir con los demás requisitos que la normativa determina al respecto.

Otras opciones

Con la aprobación de la Ley se reconoció la admisibilidad, la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos y de la firma electrónica, tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

La reglamentación establece los cometidos de los prestadores de servicios de certificación, quienes deberán emitir y revocar los certificados electrónicos para la validez de los documentos y firmas electrónicas.

Los interesados en prestar servicios de certificación electrónica, deberán solicitar autorización frente a la Unidad de Certificación Electrónica, presentando además de los datos identificatorios, certificado de buena conducta de la persona física o de los directores de las personas jurídicas en su caso, acreditación de solvencia económica, modelos de contratos a ser suscritos con los usuarios, informe de auditoría técnica legal, así como detalle de la plataforma tecnológica a utilizarse y los procedimientos de seguridad de los datos a implementar.

Una vez aprobada la admisibilidad de la inscripción, deberá constituirse un seguro de responsabilidad civil, o aval bancario, a modo de garantizar los servicios prestados.

Por su parte, podrá accederse a la base de datos que se encontrará a cargo de la UCE, a modo de verificar qué prestadores de servicios de certificación de firma y documentos electrónicos se encuentran habilitados.

Otras opciones

El Boleto de Reserva es, sin lugar a dudas, el instrumento jurídico más importante de toda la operación pues recoge los términos del negocio. Hemos visto muchos casos en que se firma el Boleto sin el asesoramiento notarial y jurídico y se generan importantes consecuencias.

Luego existen dos opciones para formalizar el negocio. Realizar directamente una Compraventa Definitiva cuando el Escribano interviniente aprueba la titulación y otros requisitos.

La segunda opción sería firmar una promesa de compraventa, abonando parte del precio y tomando posesión del inmueble, hasta que sea posible otorgar la compraventa definitiva.

Hay dos aspectos que son muy relevantes al comprar inmuebles, que son la regularidad y habilitación de los planos del inmueble ante la Intendencia del lugar, y que se hayan realizado los aportes correspondientes al BPS por la construcción y reformas en el mismo. Esto debe ser controlado en forma estricta y preverse formas de cobertura en caso de que estos dos aspectos no estén en regla.

En casos en que interviene un operador inmobiliario para hacer más efectiva la búsqueda del inmueble a adquirir, normalmente su comisión es del 3% más IVA.

Tanto el vendedor como el comprador deberán abonar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP): 2% del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro actualizado por el IPC.

El vendedor deberá abonar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF): se abona en los casos en que se produjo un incremento patrimonial por la venta. Debe existir una diferencia económica a favor del contribuyente entre el valor de adquisición del bien que se enajena y el precio de venta posterior. Si el título antecedente es posterior al 1º de julio de 2007, el vendedor deberá tributar por el criterio real, el cual implica que ese “incremento patrimonial” referido estará gravado por una tasa del 12%; y si es anterior a dicha fecha, podrá aplicarse el monto menor resultante de aplicar el criterio real o el criterio ficto. El criterio ficto es el 15% del precio de venta. A ese 15% se le aplica la tasa del 12%, lo cual sería lo mismo que decir que se abonaría el 1,8% del precio de la venta.

En nuestro país el comprador es quién designa al escribano actuante para asistirlo en la compra. Normalmente recomendamos al vendedor de un inmueble también contar con asesoramiento notarial para proteger sus intereses.

Otras opciones

El problema en estos casos es que cuando comienzan las diferencias, se deben adoptar decisiones, y al haberse fracturado la relación personal y societaria, la sociedad queda “congelada” (lo que los americanos llaman “deadlock”).

Situación más compleja todavía es cuando esos dos socios por partes iguales, son nada menos que esposo y esposa o peor aún, concubino y concubina. Producida la ruptura sentimental, hay que agregar la resolución del conflicto en el seno de la sociedad, que puede ser la fuente de ingresos familiares.

Cuando nos consultan en forma previa a instrumentar la sociedad, lo primero que hacemos es buscar la forma de desestimular la participación 50-50. Por ejemplo, es posible establecer una participación 51-49, pero distribuir las utilidades 50-50. Quién tiene el 51% podría tomar las decisiones del día a día, pero para las decisiones de mayor importancia se define que sea necesario el voto de ambos socios.

Un aspecto clave en estos casos, es quién administra y representa la sociedad, dado que va a poder actuar por la misma y obligarla. Si la administración y representación es conjunta entre los dos socios, puede también quedar “congelado” el funcionamiento diario de la sociedad.

Si necesariamente deben ser socios 50-50, sugerimos una serie de mecanismos para incluir en el contrato de sociedad para procurar evitar un conflicto: formas alternativas de desempate mediante terceros, opciones de compra o venta si no se destraba el empate, posibilidad de disolución de la sociedad, determinación del método de fijación de precio de venta o compra, etc.

A modo de resumen: se debe tratar de evitar las sociedades 50-50, y en caso de que no sea posible, prever mecanismos de resolución de conflictos en el contrato de sociedad para evitar el “congelamiento” de la sociedad y la relación entre los socios.

Otras opciones

Dado que el 18 de mayo de este año se conmemoran los 200 años de la Batalla de las Piedras así como de creación del Ejército Nacional, el Poder Ejecutivo remitió al Presidente de la Asamblea General un proyecto de ley por el cual se exceptúa del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.805 del 24/12/96 y su modificativa, Ley 17.414 del 8/11/01, para el lunes inmediato anterior; analizándose la posibilidad de declararlo excepcionalmente feriado no laborable.

2. Normativa

La Ley 16.805, de 1996, establece que “los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, seguirán el siguiente régimen:

1. Si coincidieran en sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días.
2. Si ocurrieren en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior.
3. Si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.

3. Situación excepcional: 18 de mayo de 2011

El proyecto presentado por el Gobierno planteaba que, excepcionalmente por este año, con motivo del Bicentenario Nacional, no se corriera de día el feriado del 18 de mayo y se declarara feriado no laborable.

Finalmente, el parlamento sólo optó por decretar el no corrimiento de ese día como feriado, que no pasa para el lunes sino que se mantiene para el miércoles, no declarándose feriado no laborable.

El comunicado emitido por el Parlamento expresa lo siguiente:

“Feriado del 18 de Mayo de 2011.
Por el que se exceptúa al 18 de mayo de este año del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.085, en la redacción dada por la Ley 17414, con motivo de celebrarse el bicentenario de la creación del Ejército Nacional. Se trata de un feriado laborable”.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Otras opciones

En el presente informe analizaremos el régimen legal vigente sobre los despidos especiales, así como también sus consecuencias prácticas, que debemos tener presente a la hora de despedir a un trabajador.

Partimos de la base que el despido es un modo de extinción de la relación laboral que mantienen hasta ese momento el empleador y el trabajador. Es decir, el empleador mediante el despido decide finalizar la relación laboral. Como consecuencia de ello, el trabajador deberá ser indemnizado. Dicha indemnización varía cuando estamos frente a un despido especial.

Los despidos especiales son aquellos que se producen en situaciones especiales, tales como enfermedad, maternidad y/o accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el caso de los despidos especiales, el monto de la indemnización aumentará si el despido se produce dentro del conocido “período de protección del trabajador”, como veremos a continuación.

Otras opciones

En virtud de las dificultades de interpretación y aplicación que han surgido respecto de la nueva redacción del artículo 288 de la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 (en adelante LSC), dada por el artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores 18.627, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Número 346/010 de fecha 26 de noviembre de 2010 (en adelante Decreto). Mediante este Decreto se establece de modo claro e inequívoco cuáles son los ejercicios económicos comprendidos en la nueva norma.

A continuación realizaremos una breve reseña respecto de la nueva redacción del artículo 288, que prevé la causal de aumento nominal obligatorio de capital integrado, y analizaremos lo dispuesto en el Decreto dictado por el Poder Ejecutivo.

2. Aumento obligatorio de capital integrado de acuerdo a la modificación introducida al artículo 288 de la LSC por la Ley de Mercado de Valores

Este artículo, en su redacción original, preveía el aumento nominal obligatorio del capital integrado cuando, aprobado el balance anual de la sociedad, el capital integrado representaba menos del 50% del capital integrado más las reservas.

El artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores modificó el texto del artículo 288, estableciendo que a los efectos de determinar si corresponde aumentar en forma obligatoria el capital integrado de la sociedad, se deberán considerar no solamente las reservas, sino también los ajustes al patrimonio.

En función de esta solución, deberá realizarse el aumento obligatorio cuando el capital integrado dividido la suma del capital integrado, las reservas y los ajustes al patrimonio, sea inferior a 0,5.

3. Ejercicios económicos comprendidos según Decreto 346/010

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto, el artículo 288 de la LSC en su nueva redacción dada por el artículo 124 de la Ley de Mercado de Valores, se aplicará a los ejercicios económicos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última.

De modo que, lo mencionado en el numeral anterior se aplicará a aquéllos ejercicios económicos que comiencen diez días después su publicación en el Diario Oficial, que fue el 16 de diciembre de 2010.

En caso de encontrarse dentro de la causal de aumento obligatorio de capital integrado, el Directoo,rio de la sociedad deberá disponer el aumento del capital contractual dentro de los 30 días de aprobado el balance. Una vez resuelto el aumento de capital por el Directorio, se deberá comunicar al Registro Nacional de Comercio y realizar las publicaciones respectivas, tal como lo establece el inciso 2do. del artículo 288 de la LSC.

Asimismo, se deberá comunicar el aumento de capital a la Auditoría Interna de la Nación en el plazo de 60 días corridos, contados a partir del inmediato siguiente al de la fecha del acta de directorio que resuelve el aumento. El incumplimiento de dicha obligación supone la aplicación de la sanción de apercibimiento en el primer caso y una multa de 25 UR en la segunda ocasión.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Dr. Luis Lapique

Otras opciones

Ante la solicitud de autorización o de prórroga de contratos de usuario directo o indirecto ante Zona Franca, se deberá presentar la documentación y cumplir las exigencias que a continuación expresaremos.

Por su parte, el decreto Nº 344/010 del Ministerio de Economía y Finanzas, estableció que los requisitos establecidos por la nueva reglamentación, se aplicarán para los nuevos contratos y sus respectivas prórrogas, y no así a los contratos vigentes y aprobados con anterioridad a su entrada en vigencia.

1. Directorio

Toda modificación en el directorio de una sociedad usuaria de zona franca, deberá ser comunicada al Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, en un plazo de 30 días contados desde la inscripción definitiva de la misma en la Dirección General de Comercio, aportando un testimonio notarial de la declaratoria en dicho registro.

Asimismo, deberá adjuntarse una nota por representante de la sociedad, informando la nacionalidad de los directores, informar si la actividad será remunerada o no, su domicilio, teléfono y correo electrónico.

2. Actividad

En el momento de la aprobación del contrato de usuario, o de la respectiva solicitud de prórroga, el Área de Zonas Francas, deberá controlar que la sociedad desarrolla la actividad prevista en su objeto, y que la misma concuerda con el plan de negocios presentado.

Para que el contrato de usuario o su prórroga sea aprobado, además de acreditar los extremos anteriormente mencionados, deberá acreditarse que la sociedad genera empleo directo o indirecto en la zona franca, que desarrolla su actividad en la zona franca, utilizando o aprovechando las instalaciones provistas por el explotador o por el usuario directo que correspondiera, y que tenga domicilio fiscal en la zona.

A efectos de determinara si se cumple con la generación de empleo directo o indirecto, sólo se considerará al personal que efectivamente preste funciones dentro de la Zona Franca, quedando excluidos a estos efectos, los profesionales asesores de los usuarios y sus empleados, que desarrollen sus actividades en territorio no franco.

3. Plazo máximo de contratos

El plazo máximo que se autorizará para los contratos de usuario directo en zonas francas de explotación privada, será de diez años contados a partir del acto de autorización dictado por le Área de Zonas Francas y de dos años para los contratos de usuario indirecto.

Con una antelación no menor a 120 días al vencimiento del contrato de usuario directo o indirecto original o de sus prórrogas, podrá solicitarse una prórroga del contrato acreditando razones fundadas. En caso de no pronunciamiento por parte del Área de Zonas Francas, la solicitud de prórroga del contrato se entenderá autorizada.

Los plazos de las prórrogas no podrán superar el plazo del contrato original de usuario.

Por razones debidamente fundadas, podrán autorizarse contratos con plazos mayores a los anteriormente mencionados, tomando en cuenta la cuantía de las inversiones en activos fijos, el volumen de empleo directo generado y la extensión del período de amortización de la inversión.

Los plazos máximos establecidos, serán obligatorios para todo nuevo contrato con posterioridad al Decreto, no siendo aplicable a los contratos ya vigentes y aprobados, salvo en los casos en que se modifique el plazo de dichos contratos, donde se tendrá que establecer los nuevos límites.

4. Explotador de Zona Franca

El explotador deberá proveer de infraestructura necesaria y suficiente, entendiéndose por esto un conjunto de edificaciones, instalaciones, estructuras y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades en las zonas francas.

Las instalaciones deberán proveer de instalación de energía eléctrica, suministro de agua, red de saneamiento, telefonía básica incluido ADSL básico, aislación perimetral, red vial y alumbrado interno y perimetral, servicios de limpieza y de recolección de residuos, el mantenimiento de vigilancia, la red hídrica contra incendios, construcción y equipamiento de resguardo aduanero y oficina de control de acceso del explotador.

Los referidos servicios podrán ser brindados en forma directa por el explotador o a través de terceros.

5. Personal

Con respecto a la exigencia de contar con el 75% del personal constituido por ciudadanos uruguayos, naturales o legales, se establece que para realizar dicho cómputo, debe incluirse tanto al personal dependiente propiamente dicho como a los directores que ejerzan actividad remunerada.

Asimismo se establece la posibilidad de solicitar por escrito al Área Zonas Francas, la posibilidad de contar con un número mayor al 25% de personal extranjero, resolviendo en definitiva sobre dicha solicitud el Ministerio de Economía y Finanzas.

6. Conclusión

El nuevo decreto establece una serie de medidas y requisitos tendiente a eliminar las llamadas sociedades de “papel” en Zonas Francas.

En este sentido, las sociedades que no cumplan con las exigencias establecidas, no podrán continuar operando o solicitar nuevos contratos.

El Decreto no establece un plazo para adecuarse a la nueva reglamentación, por lo que aconsejamos tomar medidas inmediatas a fin de verificar si se encuentran en condiciones de cumplir con el mismo.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren conveniente.

Otras opciones

1. Video vigilancia

Se considera video vigilancia a toda grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes o de sonidos mediante video cámaras o algún medio análogo.

La captación de imágenes de personas constituye información personal, por lo que a las bases de datos que almacenen dichas imágenes, les es enteramente aplicable la reglamentación relativa a la protección de datos personales.

Sólo quedan exentos de la reglamentación aludida cuando se utilicen con fines de seguridad pública, defensa del Estado, en el ámbito penal, en el ámbito personal o doméstico de las personas físicas o cuando se capte con fines periodísticos.

2. Logotipos obligatorios

Todo lugar donde exista un sistema de video vigilancia deberá contar con los logotipos expresamente elaborados por la Unidad Reguladora. Dichos logotipos no podrán ser modificados, salvo en lo que respecta a los datos que deberán contener.

En los mismos deberá agregarse el nombre del responsable de la base de datos, así como también la dirección en donde se pueden ejercer los derechos (establecidos en la Ley) de los titulares de dichos datos.

Los logotipos que no sean los estrictamente proporcionados por la Unidad, como aquellos otorgados por las empresas de vigilancia, no tendrán valor alguno a los efectos de cumplir con el dictamen.

3.  Obligación de inscripción

En caso de no haber inscrito las bases de datos que almacenen videos de vigilancia, deberá proceder a hacerlo.

Nos encontramos en condiciones de asesorarlos para dichas inscripciones, dado que las mismas poseen particularidades, como el tiempo de conservación de los datos, o la cantidad de los mismos, en que la Unidad Reguladora realizará especial hincapié.

4.  Conclusiones

En caso de que usted cuente con un sistema de vide vigilancia, deberá proceder a la inscripción de la base de datos y a la instalación de los logotipos proporcionados por la Unidad Reguladora.

Si es necesario, contamos con dichos logotipos para poder proporcionarlos en forma inmediata.

Otras opciones

La Ley de Mercado de Valores 18.627 (en adelante LMV) publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2009 modificó el artículo 288 de la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 (en adelante la LSC).

El cambio introducido va a implicar que más sociedades anónimas se encuentren dentro de la causal de aumento nominal de capital integrado obligatorio previsto por el mencionado artículo 288.

A continuación analizamos la modificación introducida y la verificación que se debe realizar al momento de aprobar estados contables de cierre de ejercicio, a los efectos de tomar las decisiones necesarias para cumplir con el aumento de capital obligatorio establecido por la LSC y evitar sanciones.

2. Aumento obligatorio de capital integrado de acuerdo a la modificación introducida al artículo 288 de la LSC por la Ley de Mercado de Valores

Este artículo, en su redacción original, preveía el aumento nominal obligatorio del capital integrado cuando, aprobado el balance anual de la sociedad, el capital integrado representaba menos del 50% del capital integrado más las reservas.

El artículo 124 de la LMV, modificó el texto del artículo 288, estableciendo textualmente que:

“ARTÍCULO 288. (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas y los ajustes al patrimonio (revaluaciones del activo) la sociedad deberá capitalizar esas reservas y los montos resultantes de los referidos ajustes o revaluaciones hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al Registro Público de Comercio y se publicará”.

De acuerdo a la modificación introducida, a los efectos de determinar si corresponde aumentar en forma obligatoria el capital integrado de la sociedad, se deberán considerar no solamente las reservas, sino también los ajustes al patrimonio.

En función de esta solución, deberá realizarse el aumento obligatorio cuando el capital integrado dividido la suma del capital integrado, las reservas y los ajustes al patrimonio, sea inferior a 0.5.

La fórmula a aplicar para determinar si se debe aumentar el capital es la siguiente:

KI / (KI + Reservas + Ajustes al Patrimonio) < 0,5

3. Trámites, plazos y sanciones

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 288, el órgano de administración (directorio o administrador) deberá disponer el aumento del capital contractual dentro de los 30 días de aprobado el balance y no se requerirá conformidad administrativa, lo que significa que la AIN no aprueba el aumento, sino que solamente se le debe comunicar. Una vez resuelto el aumento de capital por el directorio, se debe comunicar al Registro Nacional de Comercio, publicar y emitir las acciones resultantes del aumento de capital. Las acciones se entregarán a los accionistas, a prorrata de su participación anterior al aumento, dado que se trata de un aumento de capital nominal.

De acuerdo al artículo 3 del Decreto 486/001 y el Instructivo de la AIN sobre el Decreto, el plazo para comunicar el aumento de acuerdo al artículo 288 es de 60 días corridos, contados a partir del inmediato siguiente al de la fecha del acta de directorio que resuelve el aumento. El incumplimiento de dicha obligación conlleva a la aplicación de la sanción de apercibimiento en el primer caso y una multa de 25 UR en la segunda ocasión.

No se establece una sanción específica si no se resuelve el aumento dentro de los 30 días de aprobados los estados contables, pero recomendamos realizarlo dentro del plazo previsto.

En caso de que la sociedad se encuentre comprendida dentro del aumento de capital obligatorio previsto por la LSC y deba realizar un trámite ante la Auditoría Interna de la Nación, si la oficina reguladora lo detecta, requerirá el cumplimiento del aumento obligatorio, dilatando la aprobación del trámite solicitado (aumento de capital, reducción de capital, reintegro, etc.).

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

Dr. Luis Lapique

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