Dado que el 18 de mayo de este año se conmemoran los 200 años de la Batalla de las Piedras así como de creación del Ejército Nacional, el Poder Ejecutivo remitió al Presidente de la Asamblea General un proyecto de ley por el cual se exceptúa del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.805 del 24/12/96 y su modificativa, Ley 17.414 del 8/11/01, para el lunes inmediato anterior; analizándose la posibilidad de declararlo excepcionalmente feriado no laborable.

2. Normativa

La Ley 16.805, de 1996, establece que “los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, seguirán el siguiente régimen:

1. Si coincidieran en sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días.
2. Si ocurrieren en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior.
3. Si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.

3. Situación excepcional: 18 de mayo de 2011

El proyecto presentado por el Gobierno planteaba que, excepcionalmente por este año, con motivo del Bicentenario Nacional, no se corriera de día el feriado del 18 de mayo y se declarara feriado no laborable.

Finalmente, el parlamento sólo optó por decretar el no corrimiento de ese día como feriado, que no pasa para el lunes sino que se mantiene para el miércoles, no declarándose feriado no laborable.

El comunicado emitido por el Parlamento expresa lo siguiente:

“Feriado del 18 de Mayo de 2011.
Por el que se exceptúa al 18 de mayo de este año del corrimiento de feriados previstos en la Ley 16.085, en la redacción dada por la Ley 17414, con motivo de celebrarse el bicentenario de la creación del Ejército Nacional. Se trata de un feriado laborable”.

Quedamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que consideren necesaria.

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Seguirán las ventas de grandes firmas

Expertos prevén que seguirán las adquisiciones de empresas locales, aunque reconocen dificultades para dar con el precio en un mercado cerrado y familiar

Por Gabriela Rocha

Si algún comprador por fin mostrara destreza suficiente para conducir Tienda Inglesa y así lograra convencer a su exigente director, Robin Henderson -que ha rechazado diversas ofertas-, se cerraría otro eslabón clave de un proceso que en el país se da desde hace varios años y que continuará este 2010, según anticiparon varios expertos consultados por El Empresario.

Es que por problemas sucesorios, ausencia de un líder claro, un techo en su crecimiento o sólo la oportunidad de concretar un buen negocio, emblemáticas empresas locales han cambiado de dueños ante la llegada de jugosos capitales extranjeros ávidos por ingresar al país, de la mano de inversores estratégicos -que ya están en el rubro e intentan fortalecer su posición- o financieros -cuyo objetivo es diversificar su presencia en nuevos mercados-.

En 2006 se concretaron numerosos movimientos y desde entonces el grupo brasileño Marfrig compró los frigoríficos Tacuarembó, Colonia, La Caballada, Elbio Pérez y recientemente Zenda; la también brasileña Camil se quedó con Saman, la mexicana Bimbo con Los Sorchantes, Pancatalán, El Maestro Cubano y Plucky; Itaú con Bank Boston, Santander con ABN Amro, Leadgate Investment con Pluna, Ambev con Norteña, Patricia y Pilsen; Petrobras con Shell, la finlandesa UPM con Botnia y Volt con la consultora local Advice. En tanto, la chilena Gildemeister adquirió este año Camur (importador de BMW) -que hacía menos de dos años la había comprado Bavarian Motors- y hace una semana se confirmó la adquisición de Crédit por BBVA.

Esta lista que sólo trata de citar los casos más rimbombantes da cuenta de la diversidad de áreas que ha involucrado el fenómeno pero que, sin embargo, son transacciones con aspectos formales comunes, como los procesos de valuación con metodologías típicas de un mercado cerrado, donde la información no suele hacerse pública, y la negociación del precio en la que los afectos juegan a menudo un rol importante ante la extendida presencia de empresas familiares.

Valor, precio y negociación

Walter Devoto recuerda que antes de vender su empresa familiar devenida en cadena de supermercados al grupo Exxel en 1998 “la conversación duró como tres o cuatro años” y que cuando empezaron a hablar del monto, más de US$ 100 millones, “fue imposible decir que no”.

A esa cifra se llega a través de la valuación de la empresa que hace cada una de las partes y luego se negocia el precio, explicó Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG. El método de valuación más extendido en Uruguay es el de descuento del flujo de caja, que implica que mediante una operación matemática se llega a un número algo menor a lo que se proyecta que va a generar la firma en los próximos años.

Existen otros, como los patrimoniales -que casi no se usan- o los de observación del mercado, que implican determinar el valor de la empresa en base a la cotización de las acciones en la bolsa de valores o mirando transacciones similares ya concretadas. Pese a las ventajas de estas metodologías (son más objetivas e incluyen las expectativas del mercado), no se pueden aplicar en el medio local por la falta de desarrollo del mercado de valores y la ausencia de información sobre las ventas realizadas.

Para realizar la valuación de la empresa target, el comprador recurre a datos clave y así fija un valor a los activos tangibles e intangibles (la marca, su know how, el mercado). Luego viene la negociación en la que llegan a un precio de preacuerdo y posteriormente el due diligence (un proceso que determina si existen contingencias y ratifica o no el precio). Este mecanismo puede ser confidencial, el denominado “data room”, o puede ser de conocimiento de los empleados, que eventualmente hasta son entrevistados por el futuro comprador.

El precio puede ser bastante superior al valor e incluso inflarse en base a factores más subjetivos como “yo venía a jugar a la pelota de chiquito acá”, “la fundó mi abuelo” o “tiene que ser una cifra alta para que mi esposa no se niegue”. Ahí entra en juego la capacidad de negociación del vendedor y cuánto por encima del valor técnico está dispuesto a pagar quien compra. El pago en las transacciones locales suele hacerse contado o con una mínima parte financiada.

Cuando el líder se va

A Henderson le llega la hora del retiro y a sus herederos no les interesa continuar el negocio. Lo que le sucede a este empresario suele ser una de las causas más usuales por las que las empresas familiares se terminan vendiendo. Es el caso de la curtiembre Zenda, ya que como no había en la familia Branáa “uno que siga adelante con el negocio entendieron que era una buena oportunidad para vender”, aseguró Luis Lapique, socio del estudio de abogados que asesoró a la empresa en la transacción. El experto apuntó que otra causa común de venta son los conflictos familiares por la convivencia de diversas generaciones al mando; en estos casos, a menudo unos suelen comprarle a otros su parte.

El ex director del frigorífico Tacuarembó, Fernando Secco, recuerda que pese a lo difícil de desprenderse de la empresa que había fundado su padre, “ya se estaban desarrollando grandes grupos de frigoríficos y era el mejor momento para vender”. Para Nicolás Piaggio, socio de Guyer & Regules, esa es otra gran motivación para desprenderse de la compañía. “Las empresas necesitan seguir creciendo y los capitalistas uruguayos a veces no tienen la posibilidad de hacerlo”, dijo.

A veces el detonante de la transacción es sólo la llegada de una oferta imposible de rechazar. Como sea, el acelerado proceso de ventas, que incluso no se frenó con la crisis internacional, continuará este año.

“Van a haber muchas operaciones”, señaló Piaggio. Ribeiro coincidió con su colega: “Hay transacciones importantes en camino”.

Y qué se hace al día siguiente

Ricardo Alarcón fundó Credisol en 1978 y la vendió a Santander 20 años después. Si bien hizo un buen negocio, sufrió un duro golpe emocional que le costó mucho tiempo superar. Sin embargo, su ejemplo no es el más habitual. Algunas veces los que venden se quedan gerenciando la firma, como los directores de la consultora Advice cuando fue adquirida por Volt, o como Jorge Gutman que fundó Lactería, la vendió a Parmalat y terminó haciendo una larga carrera gerencial en ella. Otros prefieren abrirse por completo, como Fernando Secco, ex director de Tacuarembó, quien se encaminó en un proyecto de energía eólica luego de vender el frigorífico, aunque sus hermanos sí continúan en la gerencia.

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Plaza Financiera – Emprendedores

El estudio Lapique & Santeugini Abogados asesora a empresas en derecho laboral y societario, así como en contratos y litigios. El Dr. Luis Lapique explica cuáles son los aspectos legales de la compraventa de una empresa.

¿Qué tipo de asesoramiento ofrece el estudio?

Nuestro asesoramiento refiere a la operativa diaria de una empresa, así como a los conflictos societarios, la planificación en la sucesión de la empresa familiar y la compra o venta de empresas. Nuestro departamento notarial trabaja en todas las áreas, y específicamente, en la compraventa de inmuebles urbanos y rurales.

¿Se prepara una empresa para ser vendida?

Si existe la idea de vender, se puede y debe preparar la empresa. Esto implica una revisión por los asesores legales. La propia empresa realiza un Due Diligence o Auditoria de Compra para regularizar los aspectos que no estén acordes a la normativa vigente.

¿Cuáles son las etapas del proceso de compra?

Hay diferentes etapas, pero pueden no existir todas o modificarse el orden que mencionamos a continuación, dependiente de las condiciones de cada operación.

En una primera etapa se produce el acercamiento entre comprador y vendedor, y se explora la posibilidad de concretar el negocio. La segunda etapa puede ser la firma de los contratos, que quedarán sujetos a la realización del Due Diligence, siempre que sea con un resultado satisfactorio para el comprador. Esto puede invertirse, realizándose primero el Due Diligence y luego firmar los contratos de compraventa. La etapa final es el cierre de la operación o Closing, que es cuando se entregan las acciones y se paga el precio.

¿Qué es el Due Diligence?

Es el proceso de revisión y análisis de todos los aspectos de la empresa en marcha, para determinar su cumplimiento de las normas legales y eventuales contingencias. Desde el punto de vista legal, se analizan los aspectos societarios, contratos, títulos de propiedad de inmuebles y otros activos, y todo lo relativo a la propiedad intelectual (marcas, patentes, etc.). Además se revisa el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social, de aspectos regulatorios, obtención de permisos, de normas y permisos en materia de medio ambiente, entre otros.

La trascendencia del Due Diligence es que el comprador puede decidir si hace el negocio, si se ajusta el precio por eventuales contingencias, si retiene parte del precio a pagar para cubrir pasivos que puedan surgir, entre otras posibilidades.

El Due Diligence abarca no sólo aspectos legales sino también contables, financieros y tributarios. Los aspectos tributarios son muy importantes, porque la existencia de contingencias en materia de impuestos puede hacer caer una operación.

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Jueves, 4 de febrero de 2010

La fábrica brasileña de empacados cárnicos Marfrig Alimentos ha cerrado su absorción del exportador uruguayo de cueros Zenda por USD50 millones, en un trato que abarca nueve jurisdicciones.

Marfrig utilizó su equipo interno brasileño y el uruguayo de Guyer & Regules para el trato, acudiendo a otros abogados externos por consejos impositivos locales y diligencia debida en los países donde las plantas de procesamiento de Zenda y oficinas de ventas están situadas: incluyendo Ritch Mueller SC en México, Uriburu-Bosch & Asociados en Argentina, practicantes independientes en Chile y EEUU, y otras empresas en Alemania, Sudáfrica y China.

Lapique & Santeugini en Uruguay dio asesoría local a Zenda, y utilizó su membresía a la International Alliance of Law Firms para encontrar otros asesores en América Latina: Martorelli & Gouveia Advogados en Brasil, Segal Turner & Asociados en Argentina, D&A Morales & Asociados SC en México y Ramírez Asociados Abogados en Chile.

Por el trato, que fue anunciado en octubre y cerrado el 20 de enero, Marfrig ha comprado una porción del 51 por ciento en Zenda y adquirirá el 49 por ciento restante en partes durante los próximos tres años.

Zenda, establecido en 1890 y anteriormente enteramente poseída por la familia Branáa de Uruguay, produce cuero de tapicería para su uso en coches, aviones y muebles. Sus curtiembres en Uruguay, Argentina y Sudáfrica procesan alrededor de 7.000 cueros por día. Marfrig dice que el trato garantizará a Zenda un flujo seguro de materia prima.

Otros recortes de prensa:

• International Law Office: $50 million acquisition Marfrig Alimentos SA, Grupo Zenda
• Leather International Magazine: Marfrig buys controlling stake in Zenda
• AIN: Zenda Joins Marfrig To Complete Process Chain
• EL PAÍS: Marfrig ya controla la curtiembre Zenda
• EL PAÍS: Marfrig compra parte de Zenda
• EL PAÍS: Marfrig se amplía en Uruguay y se queda con el 51% de Zenda
• OBSERVA: Grupo Marfrig compra Zenda por U$S 49,5:

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07/04/2010

Un campo en el departamento de Durazno puede tener muchas similitudes con otro en Florida, o en Treinta y Tres. Productores que vieron como sus padres, abuelos y hasta bisabuelos forjaron la tierra de la zona de Valentines y Cerro Chato, de Las Palmas, en Nico Pérez.

Las grandes máquinas ya operan en la región Este

Hoy tienen en común el ganado, las aguadas, alguna que otra forestación, los alambrados… y los cráteres que está dejando la minera Aratirí a cada paso, en cada potrero.

Honda preocupación existe en la confluencia de los tres departamentos ante la prospección que está realizando el emprendimiento minero con mayor inversión en la historia del Uruguay, donde los campos son abiertos, dinamitados, explorados, y luego abandonados.

Guillermo De Los Santos, productor que habla del proceso en Treinta y Tres, relató algunos hechos.

“Esta gente, particulares, se presentó en mi establecimiento sin la autorización de Minería, nos dijeron que la misma vendría después y que en ese caso se seguiría todo el proceso legal de servidumbre. Consideramos que no correspondía, pues si el Estado tiene una ley que dice que el superficiario debe recibir una orden, nosotros la pedimos“.

Este caso de De Los Santos y tantos otros motivaron una reunión desarrollado en la zona la pasada semana, donde una buena cantidad de vecinos pidieron a gritos la presencia de alguna autoridad ministerial. “El Estado no está, y debe estar“, fue el clamor popular.

Se habla de unos 20 productores en la zona de Valentines, con unas 4800 hectáreas afectadas a Minería.

El 4 de febrero de 2010 llegaron los permisos correspondientes, y desde entonces los grandes camiones, las enormes máquinas y las explosiones, son moneda y ruido corriente en la región.

“A raíz de eso empezamos a darle difusión pública, nos conectamos con el Ing. Agazzi como ex ministro del MGAP, persona importante en el partido de gobierno, también con otros actores políticos. La conclusión es que este tema no se conoce, la Ley de Minería fue hecha en momentos en que estos emprendimientos no existían y hay una desprotección total del superficiario. En todo este proceso no hemos visto nunca la presencia del Estado, ni Dinama ni Minería. Si en una confluencia de 3 departamentos va a establecerse una inversión de ese monto, la más grande del Uruguay, cabría reunirse con vecinos y ver la situación de cada uno. Nosotros hasta ahora hemos tenido solo la información de la empresa minera, con intereses económicos cuyo interés principal es el lucro“, afirmó De Los Santos.

Ni información ni presencia

A los productores zonales se les pide “que nos nucleemos, que informemos, pero que nos hayan vuelto a llamar, no“.

El Estado es reclamado en la zona, pero es el gran ausente. Han concurrido legisladores, ex intendentes, ex diputados, pero nadie más. “Todos están asombrados, todos dicen que hay que analizarlo, algunos hablan de la ecuación económica entre inversión, puestos de trabajo, pero nadie sabe de la afectación“.

Ya no es un murmullo, es un conocimiento a gritos. Aratirí es bienvenida desde Mujica al último de los trabajadores estatales, y se rumorean 100 mil hectáreas heridas de muerte, con el cielo como testigo de esos cráteres de panza hundida.

Esto implica no solamente los blocks, también cordones magnéticos de continuidad. Desde la minera -que ha sido bien recibida en los poblados por la mano de obra y las tareas sociales en las cuales se han involucrado (por ejemplo poner plata para equipos de fútbol regionales)- se comentan los cráteres, varios de 3 kilómetros por 1 por 300 metros de profundidad, se menciona el proceso de extracción con dinamita. Luego un proceso de molienda, separación por medios magnéticos, el acercamiento a un puerto de aguas profundas.

“Son cosas que asustan. Pienso que la presencia estatal nos podría dar alguna garantía. Yo tengo mis campos pedidos, mis predios -si los vendo- son predios mineros, de descarte ganadero, no hay compradores, pues el proceso dura dos años. En esta situación no podemos seguir invirtiendo“, finaliza Dos Santos.

La Federación Rural planteó que quería recorrer la zona, en pueblos donde las reuniones son abiertas. Lugares donde los veteranos hablan de sentimientos, de tierras arraigadas a apellidos paternos y maternos, de amor…

Molestia de muchos

Nicolás Barrero, periodista de Radio Agraria, habló con su colega Alvaro Aguiar de AM 1430 Radio Durazno. Le comentó que “mucha gente se ha dado cita, convocada por vecinos preocupados por este problema puntual en la confluencia de los 3 departamentos, sobre todo en Valentines. La minera Aratirí se ha lanzado en serio a la búsqueda y explotación del hierro, algo que los productores no habían tenido aviso previo alguno. Vino la empresa y comenzó a hacer las prospecciones con las debidas autorizaciones desde el Ministerio, pero no se conversó con la gente, y eso ha molestado a muchos“.

También el profesional comentó que se han hecho destrozos en algunos campos, y no se ha tratado de resarcir. “Esto es un llamado urgente a que el sistema político del país lo tome en cuenta, pues ni Dinama ni Dinamige han llegado a conversar. Esto es mucho desarrollo y trabajo pero ¿A costo de qué?“.

Mientras a los productores se les ha dicho que la empresa “anda en prospección, que están en búsqueda si el campo puede ser explotable o no“, Fernando Puntigliano -titular visible de Aratirí en Uruguay- estuvo en Cerro Chato y participó de una reunión con más de 100 productores, donde respondió muchas interrogantes que sin embargo no trasmitieron seguridad a los involucrados, a juzgar por las reuniones que se han continuado en el tiempo desde entonces.

En el final de su charla, Barrero tiró algunos comentarios. “Hay gente aquí cuyos bisabuelos lograron el campo, y esos bisnietos hoy quieren saber que va a pasar con sus campos“, o “Según la Ley de Minería no pueden trabajar con ganado si la empresa no lo quiere” o un relato preocupante: “Alguien fue al banco a pedir un préstamo y le dijeron que no, su campo no sirve como garantía pues está afectado a Minería“.

A medida que se ha ido extendiendo la empresa se ha generado malestar por destrozos de campos. “La gente está desconforme con el cánon que se paga por exploración, que lo fija el Estado. Es un cánon sobre el cual se paga IRPF, pero que es injusto para el productor pues es algo sobre lo cual no tiene decisión“. La denuncia la plantea Ruben Barera, integrante de la Sociedad Rural de Cerro Chato. Su planteo y el de la Sociedad Rural local se ha elevado por notas al Ministerio -en Montevideo- canalizadas a través de la Mesa de Desarrollo de Durazno, “pero no hemos obtenido respuesta alguna“.

Roturas sin fin

Dijo que le rompen el campo, que ha visto en campos vecinos, en la zona de Las Palmas (Durazno) en la 8ª sección lindera con la 13ª, el comienzo de las exploraciones.

“Ahora hacen caminería, las rampas para las máquinas luego las reparan. Es un campo forestado, sin hacienda, que fue vendido hace poco a un grupo que no exige mucho. La empresa dice que deja todo en orden, aunque los vecinos dicen que no es tan así. En fotos he visto que dejan mucho que desear los arreglos finales“.

Lea aquí un informe legal
sobre la minería en Uruguay.

Otras opciones

El objetivo del presente informe es reseñar muy brevemente el panorama normativo de la explotación minera en Uruguay y, más específicamente, su desenvolvimiento, el régimen referente a las servidumbres y los derechos del superficiario. También pretende aportar elementos que puedan ayudar al propietario y/o productor rural de un predio o establecimiento bajo el que se constaten yacimientos de sustancias minerales, o por el que sea necesario transitar, así como a aquellos interesados en la explotación minera en general, ya sea que su actividad corriente tenga que ver o no con la minería.

Visite este enlace para leer noticias de prensa relacionadas a la minería en Uruguay.

2. El marco normativo

La Constitución, en su art. 32, dispone: “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general…” Tenemos aquí la primera disposición a tener en cuenta, precepto constitucional éste que protege el derecho de propiedad (primer derecho), y establece el marco para limitarlo: se requiere ley y razones de interés general.

Otra disposición constitucional a tener en cuenta, y que participa de este triple elenco de derechos en pugna, es el art. 47 de la Carta. El mismo dispone relativo al segundo derecho: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente…”

También corresponde mencionar el Decreto-Ley 15.239 sobre uso y conservación de los suelos y de las aguas, que dispone la intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los efectos de la coordinación y dirección de las tareas tendientes a lograr un uso y manejo adecuados del suelo y del agua. Además, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá que ver en el proceso de explotación minera, a través de la DINAMA, que autorizará o no la realización de los proyectos.

El tercer cuerpo normativo es el Código de Minería y su decreto reglamentario. Aparece aquí el tercer derecho en pugna, el de explotación minera, actividad ésta de utilidad pública por su propósito económico. El Código de Minería tiene como propósito la incentivación de la actividad minera y la pretensión de que empresas con capacidad económica o financiera fuerte garanticen una debida explotación de este recurso natural.

Otras opciones

Recientemente, por Ley 18.491 del 22 de mayo del corriente, se dispuso prorrogar la entrada en vigencia de la misma hasta el 19 de agosto de 2009.

Destacamos que el proyecto original de aplazamiento de entrada en vigencia de la Ley 18.412, proponía se extendiera hasta el 19 de mayo de 2010.

De acuerdo a la exposición de motivos de la Ley 18.491, existirían “dificultadas de implementación y reglamentación de la misma en virtud de los múltiples agentes involucrados y la carencia de previsiones presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los distintos órganos estatales con competencia en la materia”.

Otras opciones

La finalidad del presente informe consiste en brindar pautas básicas de actuación respecto de lo que debe hacer en caso de ser parte de un accidente de tránsito.

2. Definición

Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca lesiones en personas o daños a bienes a consecuencia de la circulación de vehículos.

3. Modo de proceder de todo conductor implicado en un accidente

3.1. Accidente con lesiones personales

En caso de existir personas lesionadas, deberá dejar su vehículo en el lugar exacto del accidente y llamar en forma inmediata a las autoridades (teléfono 911).

De no encontrarse lesionado, debe procurar el inmediato socorro de las personas accidentadas. El incumplimiento a esta obligación puede ser considerado como “delito de omisión de asistencia”. Debe permanecer en el lugar del accidente hasta la llegada del auxilio médico.

Recomendamos llamar a su abogado en forma inmediata, ya que todo accidente con lesionados implica una actuación policial, que dependiendo de las circunstancias, puede derivar en un proceso penal.

Luego debe señalizar adecuadamente el lugar (colocando balizas a una distancia prudente de su vehículo), a efectos de evitar riesgos a la seguridad a los demás usuarios de la vía de tránsito.

Se practicará un examen de espirometría a todos los intervinientes en el siniestro. La concentración de alcohol en sangre permitida a los conductores, es de 0,3 % de alcohol por litro de sangre o su equivalente en términos de espirometría. Para el caso de conductores de vehículos de transporte de pasajeros no se permite ningún valor de alcohol en sangre: tolerancia cero.

La negativa a la práctica de dicho examen implica una presunción en contra. Esto significa que quien se niega a la práctica del examen, se entiende que se encuentra en infracción.

En caso que alguno de los conductores no se encuentre en condiciones físicas para la práctica de la espirometría, el análisis de concentración de alcohol en sangre será efectuado en la asistencia médica en la que ingrese.

Se advierte que algunas pólizas de seguros no permiten ningún valor de alcohol en sangre.

Otras opciones

Con fecha 26 de enero de 2009 fue publicada la Ley 18.456, que regula el régimen de empadronamiento de vehículos automotores.

La presente ley se inscribe dentro de lo que se ha denominado “guerra de patentes” estableciendo, a grandes rasgos, la obligatoriedad de empadronamiento de un vehículo automotor en el lugar de residencia de su titular.

2. Determinación del hecho generador del impuesto a los vehículos de transporte

En cumplimiento de la labor “interpretativa” de la Asamblea General, se determina que el hecho generador del impuesto, lo constituye el domicilio permanente del titular del vehículo.

Por tanto, a efectos del cobro de impuestos a los vehículos -patente-, fuente de recursos del Gobierno Departamental decretado y administrado por éste, deberá estarse al domicilio permanente de su titular o de quien detenta la guarda material del mismo.

Ello impone al Gobierno Departamental un derecho y una prohibición. Tiene derecho a percibir el “impuesto de los vehículos” cuyos titulares tengan domicilio permanente en su jurisdicción. Pero se les prohíbe percibir dicho impuesto respecto de vehículos cuyo titular no tenga domicilio en su departamento -con la excepción de que tenga actividades laborales o intereses económicos en el mismo- como se verá a continuación.

3. Definición de domicilio permanente

3.1. Personas Físicas

Para el caso de las personas físicas se fija el domicilio permanente en el lugar de su residencia, siguiendo el concepto de domicilio dispuesto por el artículo 24, inc. 1º, del Código Civil, esto es: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.

Asimismo se prevé, para el caso que la persona física tenga “actividades laborales o intereses económicos” en otro Departamento, podrá optar por el empadronamiento de su vehículo en una u otra jurisdicción.

Para el caso de titulares de vehículos, no residentes en el país, el empadronamiento de los mismos deberá realizarse en el departamento donde más tiempo permanezca o donde se radiquen sus actividades o sus intereses económicos.

3.2. Personas Jurídicas

En el caso de las personas jurídicas, se considera su domicilio permanente, el lugar en el que se encuentren sus actividades o intereses económicos.

Para el caso que un vehículo se encuentre afectado a la actividad de una de sus sucursales, se entenderá para el mismo, que el domicilio donde se encuentra la sucursal constituye la sede permanente a los efectos del hecho generador.

3.3. Automotores adquiridos por Leasing

Se dispone que el domicilio a considerar a los efectos de la determinación de la jurisdicción será el del usuario del vehículo.

Se impone paralelamente la obligación a las instituciones de intermediación financiera de solicitar al usuario la acreditación fehaciente del domicilio que denunciará para el empadronamiento del vehículo tomado en leasing.

4. Documentación a efectos del empadronamiento de automotores

A efectos del empadronamiento, los sujetos pasivos deberán presentar ante el Gobierno Departamental pertinente:

• declaración jurada y
• certificado notarial y/o constancia de domicilio, facturas de servicios públicos, etc.

De dichos documentos deberá surgir el domicilio permanente que configure en el departamento el hecho generador del tributo sobre el vehículo correspondiente.

5. Falsedad ideológica o material de los documentos presentados

Los Gobiernos Departamentales podrán efectuar las denuncias judiciales pertinentes en aquellos casos en que entendieran que los documentos presentados adolecen de falsedad ideológica o material o que existe un notorio cambio en el domicilio del titular del vehículo.

En este último caso, esto es, un cambio de domicilio del titular del vehículo, se otorga un plazo de 30 días al contribuyente a efectos de regularizar la situación.

A petición de parte interesada, todo empadronamiento realizado por un Gobierno Departamental en violación a las normas previstas por la presente ley podrá ser declarado nulo.

6. Obligatoriedad de proporcionarse recíprocamente información entre los gobiernos departamentales

Todas los Gobiernos Departamentales tienen la obligación de proporcionarse gratuitamente, entre sí, información respecto de los vehículos empadronados en su departamento, y el domicilio de su titular.

Se refiere a información técnica, y fundamentalmente respecto de la documentación presentada a efectos de acreditar su residencia permanente.

7. Vigencia de la presente ley

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los vehículos que se hayan empadronado o reempadronado a partir del 1 de enero de 2008.

Se establece por tanto una retroactividad en su aplicación.

A efectos de la regularización en el empadronamiento, en aquellos casos en que no se cumpliera con lo dispuesto en la presente ley, se otorga plazo hasta el 31 de diciembre de 2009.

8. Sanciones previstas

A partir del 31 de diciembre de 2009, los Gobiernos Departamentales que constaten violaciones a la presente ley, podrán imponer sanciones.

Dichas sanciones podrán ser, para el caso de reincidentes, el retiro de circulación del vehículo de la vía pública, retiro de matrícula, e inicio de las acciones judiciales pertinentes a efectos del cobro de los tributos que hubieren correspondido abonar al titular en dicha jurisdicción.

9. Recomendaciones

Los vehículos respecto de los cuales detente su titularidad o su guarda material, deben encontrarse empadronados en el Departamento en que se encuentra su domicilio permanente o en el de su lugar de trabajo o en el Departamento con el que lo vincule algún interés económico.

A efectos de acreditar dichos extremos -en caso que sea consultado por alguna autoridad departamental-, recomendamos, que conserve dentro del vehículo que conduce, alguno de los documentos a que hemos hecho referencia en el presente informe y acreditan su vinculación con el departamento de empadronamiento. A modo de ejemplo: recibos de entes públicos a su nombre del que surja su domicilio, certificado notarial que así lo indique, etc.

De encontrarse actualmente en infracción, recomendamos efectúe la adecuación pertinente, antes del 31 de diciembre de 2009, fecha límite conferida por la presente a efectos de la regularización.

Quedamos a sus órdenes por cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinente (para contactarnos acceda aquí).

Otras opciones

La Ley 18.412 (en adelante, la Ley), publicada en el Diario Oficial el pasado 24 de noviembre, se inscribe dentro del marco de las Leyes 18.113 y 18.191, relativas a la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), a la circulación vial y a la prevención de accidentes de tránsito.

Las leyes relacionadas toman en consideración la alta siniestralidad existente en nuestro país en materia de tránsito vehicular y particularmente, la ley en estudio, atiende a la necesidad de resolver la situación de quienes resulten afectados en su integridad física a consecuencia de un accidente de tránsito.

La Ley, en clara consonancia con la amplia mayoría del derecho comparado actual, se orienta hacia una redistribución social del daño y a la reparación -aun cuando sea parcial- de las víctimas.

En consecuencia, se impone la obligación de contratar un seguro a todo aquel que conduzca un vehículo automotor -o lleve un acoplado remolcado-, prohibiendo la circulación de vehículos que no cumplan con dicha obligación.

Dicho contrato de seguro tendrá un contenido especial, así como un régimen de contratación que excede a la empresa aseguradora y se encuentra especialmente regulado por la presente ley.

El seguro aquí previsto tiene como contenido, exclusivamente, la reparación de daños físicos -daño personal por lesión o muerte- causados a terceros a consecuencia de accidentes de tránsito.

Respecto de esta reparación, debemos señalar tres particularidades trascendentes:

• Que, tal como se señaló, solamente atiende a la reparación de daños a la integridad física, no comprendiendo daños “materiales” (ej. Daños a los vehículos, jornales perdidos, etc.).
• Que puede llegar a tratarse de una reparación parcial del daño, ya que se encuentran establecidos topes máximos (monto máximo) hasta el cual se reparará a la víctima o sus causahabientes.
• Que deberá repararse aún en hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.

Respecto de los topes máximos previstos en la reparación de los daños, debemos destacar que ello se encuentra en clara contraposición con un principio básico del Derecho Civil que constituye la integralidad en la reparación del daño.

Sin embargo, y a efectos de salvar dicho escollo, la propia ley se encarga de distinguir con lo que considera la “acción de derecho común”, a efectos de que la víctima pueda reclamar la diferencia entre lo cubierto por el monto del seguro obligatorio y el daño efectivamente causado.

2. Vehículos exonerados de la contratación del seguro obligatorio

Los únicos vehículos que se encuentran exonerados de la presente obligación son los automotores que circulen sobre rieles y en general todos aquellos que no se encuentran afectados a la circulación vial.

El artículo 3º, al referirse a los automotores excluidos señala, a modo de ejemplo: vehículos utilizados en el interior de establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios, y en general aquellos que circulan en lugares a los que no tenga acceso el público en general.

Por su parte, el artículo 23 dispone que se entiende que se ha cumplido con la obligación prevista por la presente ley cuando el vehículo se encuentre asegurado por una suma superior a la prevista por el seguro obligatorio.

Por tanto, aquellos vehículos que cuenten con una cobertura de seguro mayor a la prevista por la presente ley, no deberán contratar el seguro obligatorio dispuesto por la Ley 18.412.

3. Personas obligadas a la contratación del seguro

El elenco de sujetos obligados a la contratación del “seguro obligatorio” resulta lo suficientemente amplio como para comprender a todo aquel que detente la guarda jurídica o material de un vehículo.

En tal sentido, deberán contratar el presente seguro, alternativamente, o el propietario o usuario o quien detente la guarda material del vehículo.

4. Personas excluidas de la reparación prevista por la presente ley

El artículo 6º señala quiénes no se encuentran comprendidos en el elenco de sujetos pasibles de ser indemnizados por el seguro implementado.

En general se trata de sujetos que, por su vinculación particular con el propietario del vehículo, tomador del seguro o conductor, o por encontrarse amparados dentro de la cobertura de otro seguro, no gozan del beneficio concedido por la presente ley.

Por tanto, no se encuentran amparados por la reparación del “seguro obligatorio” del vehículo en el que circulan:

• el propietario del vehículo,
• el tomador del seguro,
• el conductor,
• el cónyuge o concubino, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado,
• los dependientes siempre y cuando estén dentro del vehículo siniestrado y se encuentren amparados por otra cobertura de seguro,
• quienes sean transportados a título oneroso en vehículo que cuente con otra cobertura de seguro,
• los ocupantes de vehículos hurtados, salvo que desconocieran dicha situación o se encontraran allí sin su consentimiento.

Como se puede advertir, se buscó una limitación de los sujetos cubiertos por el seguro del vehículo en el cual circulan por razones de parentesco o relación o para evitar la duplicación de coberturas de seguros -con el seguro de accidentes de trabajo, por ejemplo-.

De todos modos, los sujetos mencionados podrán eventualmente encontrarse amparados por la cobertura del seguro obligatorio de otro de los vehículos intervinientes en el siniestro y con el cual no guardan ningún tipo de vinculación.

5. Procedimientos para reclamar la reparación de los daños causados

La reclamación de la presente cobertura podrá hacerse, tanto por vía judicial como por vía extrajudicial, tal como hasta ahora.

La diferencia consiste en que, para el caso que se opte por la vía extrajudicial, deberá cumplirse con el procedimiento aquí previsto, esto es:

• presentar el reclamo directamente ante la entidad aseguradora,
• acreditar el derecho al cobro,
• acreditar el daño,
• acompañar la prueba de dichos extremos.

La entidad aseguradora tendrá un plazo de 30 días a efectos de expedirse respecto del reclamo formulado a contar de la recepción del reclamo.

6. Control e instrumentación

A efectos de acreditar el cumplimiento de la contratación del seguro obligatorio, las empresas aseguradoras expedirán, al momento del pago de la prima correspondiente:

• la póliza,
• un certificado y
• un distintivo visible para colocar en el vehículo.

6.1. Control de cumplimiento en la circulación vial

El control en materia de cumplimiento de la contratación del seguro aquí previsto será efectuado por el Ministerio del Interior y las Intendencias Municipales. En caso de siniestros con lesionados, el Ministerio del Interior deberá realizar un control preceptivo. Para el caso de que alguno de los vehículos partícipes en el mismo no cuente con el seguro obligatorio, deberán aplicarse las sanciones previstas en el art. 25 de la ley que consiste en el secuestro del vehículo por el Ministerio del Interior, imponiendo la calidad de depositario a quien detente la guarda material del mismo y la imposición de una multa. Podrá, por una única vez, autorizarse el desplazamiento precario del vehículo, estableciendo las condiciones para ello. El Ministerio del Interior levantará el secuestro dispuesto y relevará de la calidad de depositario una vez que se acredite haber cumplido con la contratación del seguro. Si fuera constatado el incumplimiento por un funcionario de la Intendencia Municipal, deberá comunicarlo al Ministerio del Interior. El monto de la multa será el del valor promedio de mercado de la prima por la contratación del seguro obligatorio.

6.2. Control de cumplimiento a través de oficinas públicas

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 27, no podrá inscribirse en un Registro Público documento de tipo alguno respecto de un vehículo, sin previo control de la vigencia del seguro obligatorio. Igual obligación se aplica a las Intendencias Municipales para la realización de: transferencias, cesiones, empadronamientos, reempadronamientos, cambos de motor o chasis, etc.

6.3. Control de rutina por el Ministerio del Interior y las Intendencias Municipales

Tanto el Ministerio del Interior como las Intendencias Municipales deberán controlar que todos los vehículos se encuentren asegurados.

A partir del mes de mayo de 2012, previo a la realización de cualquier acto o negocio respecto de un vehículo, deberá acreditarse haber cumplido con la contratación del seguro obligatorio desde la entrada en vigencia de la presente ley.

En caso que se trate de vehículos nuevos o de una antigüedad menor a los tres años, deberá acreditarse el cumplimiento desde su empadronamiento.

Para el caso de incumplimiento a la presente obligación se deberá abonar una multa equivalente al costo promedio de la contratación del presente seguro.

7. Plazo de prescripción especial

El art. 14 de la presente ley establece un plazo de prescripción especial de la acción para la reclamación de la cobertura, de dos (2) años a contar del accidente.

La presente norma constituye una modificación trascendente en el plazo prescripcional, ya que el plazo previsto por nuestro Código Civil para los casos de responsabilidad extracontractual, como lo son los accidentes de tránsito, es de cuatro años.

8. Régimen de coberturas para víctimas de siniestros con vehículos no identificados, sin seguro o hurtados

La presente ley, en búsqueda de esa redistribución social del daño a la que hacíamos referencia al comienzo del presente informe, prevé cobertura para aquellas víctimas o sus causahabientes que sufran daños a consecuencia de siniestros con vehículos no asegurados, no identificados o hurtados.

A tales efectos se crea el Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales, el que será administrado por la UNASEV.

Los recursos de dicho Fondo provendrán de lo recaudado por concepto de multas a causa del incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley.

9. Vigencia

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 31, la presente ley entrará en vigencia a partir del 19 de Mayo de 2009.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley antes del mes de marzo del 2009.

10. Recomendaciones

A partir de la entrada en vigencia de la Ley, todos los vehículos automotores deberán contar con seguro.

A efectos de acreditar el cumplimiento de dicha obligación, su vehículo deberá contar con un distintivo que le entregará la empresa aseguradora, el que se colocará en lugar visible a efectos de su control por las autoridades.

En caso de siniestro, con lesionados, deberá comunicarse en todos los casos a la Seccional Policial más cercana o a través del 911.

En el acta policial se debe cerciorarse que el funcionario policial interviniente deje constancia de las pólizas de seguro contratadas por los partícipes del siniestro, y para el caso que uno de los vehículos no hubiere cumplido con la contratación del seguro obligatorio, deberá dejarse constancia en el acta, y se deberá aplicar al mismo las sanciones a que hemos hecho referencia en el presente informe (secuestro, designación de depositario y multa).

Antes de conducir cualquier vehículo, cerciórese de que el mismo ha cumplido con la contratación de seguro de accidentes.

Quedamos a sus órdenes por cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinente.

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